Tras la captura de José Luis Abarca en la delegación Iztapalapa, en el PRD surgieron los deslindes de su postulación como candidato en Iguala, de sus actos delictivos y, por tanto, de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y además criticaron el “linchamiento” hacia el partido.
Desde el dirigente nacional perredista, Carlos Navarrete, pasando por los líderes de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo y Miguel Alonso Raya, así como los presidentes del Congreso, Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, negaron cualquier responsabilidad directa o indirecta en los hechos del 26 de septiembre en Iguala y en la actuación del ex alcalde hoy preso.
“El PRD no está vinculado con los Abarca. El PRD no los protegió, no los escondió. Es totalmente circunstancial que se hayan escondido en una delegación (Iztapalapa) con dos millones de habitantes”, expresó Navarrete en entrevista con MVS.
El líder de Los Chuchos, Jesús Ortega, señaló a su vez: “Asumimos la responsabilidad política de haber admitido que Abarca fuese postulado” como candidato a presidente municipal de Iguala “sin conocer las actividades presuntamente criminales”, así como dar la anuencia para que su esposa, María de los Ángeles Pineda, contendiera como candidata a consejera estatal.
Ortega leyó un pronunciamiento que explica que la intención de vincular al PRD con las acciones de Abarca se da cuando está a punto de configurarse una supuesta conclusión en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de seis personas más como un crimen de Estado, y advirtió que bajo ese razonamiento, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, sería culpable de los homicidios de civiles en Tlatlaya.
En tanto, el líder de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, recomendó a sus ex compañeros de Nueva Izquierda y de la dirigencia nacional partidista aclarar sus relaciones políticas, personales y de negocios con Abarca y acudir voluntariamente a declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque los vínculos “van a salir pronto”.
El revire vino de Jesús Ortega, quien expresó la disposición para acudir ante las autoridades federales, “nada más que él era coordinador nacional de Nueva Izquierda cuando fue electo Abarca, no era yo”, dijo.
“Es gente de la dirigencia”
Al respecto, la senadora Dolores Padierna opinó que los integrantes de la dirigencia nacional del PRD deberían tener información que ayude a esclarecer el caso Iguala, pues Abarca es “gente que está vinculada a su equipo, los conocen ellos, los proponen ellos, los nombran ellos, los recomiendan ellos, (entonces) han de tener mucha información”.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, reprobó el “linchamiento político” al PRD por los presuntos actos delictivos del ex alcalde de Iguala y remarcó que las faltas corresponden a las personas y no a las instituciones.
“El reparto de culpas para hacer escarnio político o sacar provecho electoral no le ayuda al país. Respeto a quienes opinen de esa manera, pero hoy lo que se requiere es construir soluciones. Quien haya cometido una falta, independientemente de qué partido sea, debe acudir ante la ley y pagar por ello, pero no confundir lo que hace una persona o un delincuente con la vida de un partido, en este caso el PRD”, señaló.
Otro integrante de Los Chuchos, Guadalupe Acosta Naranjo, deploró que pretenda vinculársele con el escondite de Abarca y su esposa en Iztapalapa porque, de acuerdo con la diputada Aleida Alavez, es una zona de influencia de Nueva Izquierda y también le reviró que ella ha sido electa dos veces diputada local por el distrito de dicha colonia y que actualmente es diputada federal electa por la vía uninominal en esa región.
Acosta de paso mencionó otros nombres en su deslinde de Abarca y de la empresa supuestamente que proveyó de grúas y carpas para el plantón en reforma en 2006 en protesta por el resultado de la elección presidencial, cuyos dueños supuestamente también son propietarios de la casa donde fue capturado el matrimonio Abarca.
Desmintió que él como responsable de dicha protesta haya contratado dichos servicios y afirmó que fueron Nicolás Mollinedo y Octavio Romero Oropeza los encargados de la logística del plantón, porque López Obrador se enojó con él porque no estaba de acuerdo con invadir el Paseo de la Reforma.
Jesús Ortega también aprovechó para recordar que Abarca “fue propuesto por Lázaro Mazón, el candidato de Andrés Manuel López Obrador a la gubernatura de Guerrero”. Expresó que “si bien hubo negligencia o, en su caso, acciones de carácter ilegal por parte de autoridades locales en Guerrero, también es cierto que las hubo por parte de autoridades federales”.
No obstante, calificó de ruines, infames y absurdas las sugerencias sobre la responsabilidad directa del perredismo o de Nueva Izquierda en los hechos criminales vinculados a la pareja.
“Los delitos que se venían cometiendo en Iguala y en otros de la región son de orden federal. La delincuencia organizada actuaba en Iguala y en toda la Tierra Caliente de Guerrero y Estado de México con omisión y, es posible, la complacencia de instituciones y fuerzas del Estado mexicano”, acusó Nueva Izquierda en su posicionamiento oficial.
A pregunta expresa respecto a si Abarca es un caso aislado de vínculos políticos con el crimen organizado, Ortega apuntó que la delincuencia ha penetrado a muchas instituciones del Estado mexicano y es claro que los partidos políticos también han sido afectados, junto con las iglesias, empresarios de todo tipo, policías, ministerios públicos y el Ejército.
“Muchos no creen el lugar de su detención”
El jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia, pidió al gobierno federal comprobar que José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en la demarcación.
En entrevista radiofónica para Noticias MVS primera emisión, señaló que el responsable de explicar lo que pasó realmente es el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
“Para no dejar a dudas necesitamos más información, que nos den información correcta. Muchos vecinos no creen lo que informan.
“Que no haya lugar a duda: si fue ahí, pues fue ahí, pero que nos digan cómo y qué fue lo que realmente pasó porque los vecinos y el jefe delegacional queremos saber”, expresó el delegado.
Valencia indicó que su deber es defender la demarcación, por lo que pidió no estigmatizarla luego de la detención de Abarca y su esposa supuestamente en un domicilio de la demarcación.
Dijo que la detención pudo haber sido en cualquier otro lugar del Valle de México y no por eso se debe crear un entorno político negativo.
“Mi deber es defender a Iztapalapa, que nos digan con mucha claridad si ahí fue y que no quieran meterlo en un entorno político, al cual no le veo razón de ser”, manifestó.
También pidió que las casas cateadas sean aseguradas, pues indicó que los ciudadanos de Iztapalapa no entienden por qué las autoridades federales no lo han hecho.
Milenio
