Diana Méndez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia que había absuelto y dejado en libertad a Johan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, quien fue sentenciado en primera instancia a 50 años de prisión por su presunta participación en la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida en marzo de 2021.
La resolución fue tomada el 9 de febrero, con ocho votos a favor y de manera unánime, al considerar que el tribunal que otorgó el amparo no valoró correctamente el contexto de violencia y vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima, además de omitir criterios fundamentales como la perspectiva de género y la interseccionalidad.
Con esta determinación, el expediente regresará al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, el cual deberá emitir una nueva sentencia considerando el perfil de Claudia Uruchurtu como defensora de derechos humanos, así como los elementos circunstanciales y el conflicto que sostenía con autoridades municipales durante el gobierno de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.
Tras darse a conocer la resolución, la familia Uruchurtu Cruz expresó mediante un comunicado que la decisión representa “un paso más para alcanzar la justicia, verdad y reparación”, aunque advirtieron que la lucha continúa hasta que se emita una nueva resolución conforme a los criterios establecidos por la Corte.
“Hasta en tanto esto ocurra, no descansaremos en seguir buscando a nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz y exigiendo que no quede impune su desaparición forzada”, señalaron.
La familia también recordó que Lizbeth Victoria Huerta, ex edil de Nochixtlán, fue procesada únicamente por obstrucción de las investigaciones, y actualmente se encuentra en libertad.
Durante la discusión del amparo 5887/2025, presentado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, las ministras y ministros coincidieron en que el caso debe sentar criterios firmes para garantizar el acceso a la justicia de víctimas directas e indirectas.
Con esta resolución, el caso vuelve a colocarse en el centro del debate judicial nacional, mientras la familia mantiene la exigencia de verdad y justicia por la desaparición de Claudia Uruchurtu.
