Diana Méndez
Autoridades comunitarias y habitantes de Santa Rosa de Juárez, perteneciente al municipio de Santiago Yucuyachi, exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos públicos, así como el cumplimiento efectivo de una sentencia judicial relacionada con esta controversia.
A través de un comunicado fechado el 16 de octubre de 2026, la comunidad indígena denunció que el conflicto por la distribución de los recursos correspondientes a los ramos 28 y 33 se mantiene desde hace más de dos décadas, sin que hasta el momento se haya alcanzado una solución satisfactoria.
De acuerdo con el documento, desde 1998 la comunidad comenzó a buscar mecanismos institucionales para participar en las decisiones relacionadas con la asignación de estos recursos, al considerar que cuenta con población y necesidades propias en materia de infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario.
Los habitantes señalaron que, ante la falta de acuerdos con las autoridades de la cabecera municipal, recurrieron a las instancias judiciales. Como resultado de este proceso, el 29 de octubre de 2025 se emitió una sentencia relacionada con el expediente JDI/41/2022, cuya resolución consideran un avance en el reconocimiento de sus derechos colectivos.
Sin embargo, aseguraron que, pese a las actuaciones y requerimientos judiciales realizados, los resultados todavía no se reflejan en beneficios concretos para la población.
En el pronunciamiento, la Agencia Municipal manifestó que hasta la fecha no ha recibido recursos del Ramo 28 y expresó su inconformidad ante la posibilidad de que se destinen recursos del Ramo 33 a una obra que, según señalaron, no corresponde a las prioridades identificadas por la propia comunidad.
Asimismo, solicitaron a las autoridades municipales de Santiago Yucuyachi atender la problemática conforme a los parámetros legales y judiciales aplicables, mientras que a las instancias estatales y federales les pidieron intervenir para facilitar una solución.
La comunidad sostuvo que su demanda no busca privilegios ni confrontación, sino equidad, transparencia, respeto a su autonomía y reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena, en apego al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, las autoridades comunitarias hicieron un llamado a las instituciones y a los medios de comunicación para dar seguimiento al caso y contribuir a que la sentencia se cumpla de manera efectiva.
“Santa Rosa de Juárez no busca confrontación. Busca justicia y cumplimiento”, expresaron en el documento, en el que reiteraron que continuarán su defensa por las vías institucionales y legales.
