Una decena de ex funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz serán multados, sancionado y hasta inhabilitados hasta por 10 años por haber incurrido en diversos actos de corrupción, confirmó la titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrichs Fernández.
La funcionaria, reconoció que de acuerdo al resultado que han arrojado la aplicación de 17 auditorias a igual número de dependencias estatales, se encontró desde el manejo indebido de recursos en diversas cuentas bancarias, hasta el hallazgo de faltantes de documentación comprobatoria.
La dependencias auditadas son la Secretarias de Obras Públicas, Salud, Caminos y Aeropistas y del desaparecido Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade).
También se encontró el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias y normativas, además de gastos improcedentes en muchas de las áreas estratégicas de la administración pasada.
De la misma forma se ubicó un manejo deficiente de la integración de expedientes unitarios de programas tanto estatales como federales y errores en la elaboración de bitácoras contables y administrativas, además de que se localizó documentación falsa y alterada.
Sin dejar a un lado la presencia de un alto número de comprobante sin requisitos fiscales y administrativo que fueron utilizados por algunos ex funcionarios para tapar sus manejos inadecuados del gasto público.
La auditoria estatal mencionó que en muchos de los casos, hay requerimientos para que se inicie la fase de procesos de solventación mediante comparecencia de los ex servidores públicos.
“Hay un plazo de 10 días para aclaraciones y alegatos, si no cumplen será turnados a la dirección jurídica, misma que iniciará el proceso por la vía penal en caso de ser necesario”.
Woorlrichs Fernández, dejó en claro que una vez concluidas en su totalidad los procesos de auditorias, las conclusiones quedan en manos de la Unidad de Procesos Jurídicos que tendrá bajo su consideración resolver cada una de las acciones de las sanciones a aplicar.
“Podrá haber dos tipos de sanción, resarcitoria o penal, o regresan el dinero que no se aplicó debidamente o se van a prisión” sentenció.
De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público, las sanciones por deshonestidad y corrupción en el ejercio del gasto público, puedan ser desde la multa o sanción económica o resarcimiento del recursos utilizado vía embargo de bienes,- dependiendo del daño patrimonial- o la inhabilitación de hasta 10 años para no ejercer cargos públicos.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental evidenció que lo único que ha detenido a la administración del gobernador Cué para poner tras la reja a los corruptos ha sido los proceso lento de auditoria que se han realizado, que deben ser ejecutados rigurosamente y ajustados a la norma.
Menciono que en la Procuraduría de Justicia estatal presentó proceso penales contra ex funcionarios del viejo régimen como el caso de la Secretaría de Asuntos Indígenas.
“Concretamente de la actual Procuradora para la Defensa y Desarrollo de los Pueblos Indígena Bertha Ruth Arreola, presentó una denuncia por el cobro indebido de rentas.
“Se pagaron las rentas de los inmuebles y el capital jamás fue liquidado a los arrendadores se quedo en manos de los ex funcionarios”.
Otra fue la que presentó el Secretario de la Infraestructuras y Desarrollo Sustentable Nezahualcóyolt Salvatierra por el hallazgo de una decena de obras fantasmas. Entre ellas reparaciones de hospitales y tramos carreteros.
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