La Asamblea General del 18 de octubre acordó exigir la salida de organizaciones sindicales y cuestionó la continuidad de las operaciones mineras ante el vencimiento de un contrato de arrendamiento previsto para septiembre del 2027.
La comunidad indígena de San Pedro Totolápam alzó la voz contra la minera Don David Gold México, empresa dedicada desde hace más de 17 años a la explotación de minerales en Oaxaca, principalmente oro y plata, ante lo que sus habitantes calificaron como una serie de presuntas irregularidades, actos de corrupción, violencia sindical y afectaciones ambientales.
Durante la Asamblea General celebrada el pasado 18 de octubre, comuneros expresaron su inconformidad con la operación de la minera, perteneciente a Goldgroup Mining, compañía encabezada por Francisco Javier Reyes de la Campa, quien ocupa los cargos de presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo (CEO).
De acuerdo con los señalamientos de la comunidad, parte del conflicto involucra a Óscar Lara, representante legal de la minera, y a Marco Antonio Sánchez Cruz, dirigente sindical vinculado con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuya actuación y representación son cuestionadas por los habitantes.
Los comuneros aseguraron que Sánchez Cruz presuntamente estaría relacionado con hechos de violencia y con investigaciones por posibles delitos de delincuencia organizada. Asimismo, lo señalaron por supuestas irregularidades vinculadas con actividades sindicales en la zona minera.
Entre las denuncias expuestas durante la asamblea destaca un presunto esquema de robo de minerales durante su traslado desde Oaxaca hacia Manzanillo, Colima, y Torreón, Coahuila, en el que, según los inconformes, estarían involucradas personas relacionadas con la CTM y con la operación de la minera.
Los habitantes también señalaron la presunta emisión de facturas fraudulentas y cobros irregulares mediante empresas supuestamente afines a la organización sindical y vinculadas con Saúl Molina.
Ante estos señalamientos, la Asamblea General determinó exigir la salida inmediata de las organizaciones sindicales que operan en el territorio de San Pedro Totolápam, al considerar que su presencia ha contribuido a generar conflictos y presuntos hechos de violencia.
En la misma reunión, los comuneros declararon persona no grata a Óscar Lara, a quien acusaron de realizar presuntas gestiones ante funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para obtener permisos de uso de explosivos correspondientes a 2027, supuestamente sin contar con la autorización expresa de las autoridades municipales y del Comisariado Ejidal.
Incluso, los habitantes aseguraron que el representante de la minera presuntamente habría ofrecido a algunos pobladores impulsar la separación territorial para crear otro municipio, con la finalidad de facilitar la continuidad de las operaciones mineras.
Otro de los nombres mencionados fue el de Francisco Javier Reyes de la Campa, presidente y CEO de Goldgroup Mining, compañía que controla Don David Gold México y sus operaciones mineras en Oaxaca.
Los comuneros cuestionaron sus presuntos intereses económicos en la renovación de contratos sobre tierras ejidales y lo señalaron por supuestamente buscar beneficios financieros particulares mediante la continuidad del proyecto.
Asimismo, hicieron referencia a sus antecedentes en el sector financiero y a su participación en Accendo Banco, institución de la que fue presidente y cuya autorización para operar fue revocada en 2021. Los inconformes le atribuyeron presuntas irregularidades financieras y señalaron que habría enfrentado procedimientos legales relacionados con administración fraudulenta. Estas últimas acusaciones no deben considerarse responsabilidades judicialmente acreditadas sin las resoluciones correspondientes.
La preocupación de los habitantes también alcanza al medio ambiente. Durante la asamblea denunciaron un presunto derrame de residuos con metales pesados que, según sus declaraciones, se extendería por más de un kilómetro y estaría acercándose peligrosamente a un río que abastece de agua a comunidades cercanas.
Los comuneros aseguraron que la minera presuntamente habría omitido atender esta problemática durante años, por lo que advirtieron sobre posibles afectaciones al agua, al suelo y a la salud de la población. La existencia, composición y alcance del supuesto derrame requieren confirmación mediante estudios técnicos de las autoridades ambientales.
El conflicto adquiere especial relevancia ante septiembre de 2027, fecha en la que, según la información proporcionada por los representantes comunitarios, concluiría el contrato de arrendamiento de tierras ejidales relacionado con las operaciones mineras.
Los habitantes advirtieron que no están dispuestos a permitir la renovación de acuerdos sin la participación y autorización de la comunidad. También exigieron respeto a sus derechos como pueblo indígena y a los procedimientos de consulta que resulten legalmente aplicables.
En este contexto, la decisión adoptada el 18 de octubre abre un escenario de incertidumbre para la continuidad de Don David Gold en 2027, particularmente en lo relacionado con el uso de tierras ejidales, las autorizaciones necesarias para sus actividades y la relación de la empresa con la comunidad.
Para los comuneros, el conflicto ya no se limita a una disputa contractual: se trata de decidir sobre el futuro de su territorio, la protección de sus recursos naturales y las condiciones bajo las cuales una empresa minera puede continuar operando en sus tierras.
Comunicado
