El 17 de julio pasado -el último día de trabajos del Congreso brasileño antes del receso de invierno- fue marcado por la comunicación del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, sobre su decisión “personal” de dejar de integrar la alianza oficialista.
El diputado es miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal partido en la coalición que sustenta a la Presidenta Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT), y su rompimiento profundiza aún más la crisis política por la que atraviesa el actual Gobierno.
La declaración de Cunha viene después de que fuera acusado de haber cobrado 5 millones de dólares de propina de un consultor para viabilizar un contrato de buques-sonda para Petrobras.
Éste es un incidente más que se suma a una larga lista de eventos que parecen indicar que el sistema político brasileño está funcionando de acuerdo a una lógica distinta, la cual podríamos llamar (por no tener una expresión mejor) “la lógica del sálvese quien pueda” (en portugués, “a lógica do cada um por si e Deus por todos”).
Tal lógica se caracteriza por tres elementos distintos. En primer lugar, por una extrema personalización del poder político. Las siglas partidarias han perdido relevancia en el juego político del país y los principales agentes políticos ahora tienen nombre y apellido. No se puede esperar, por ejemplo, que los miembros de un mismo partido actúen de forma homogénea y consistente con los dictámenes de sus líderes partidarios.
Mucho menos se puede razonar las preferencias de las diferentes coaliciones de partidos. Como diputados y senadores tienen sus predilecciones personales y no son castigados por actuar de manera autónoma, los resultados de votaciones en el Congreso son simplemente impredecibles. Lo que cuenta es lo que fulanito o sultanito opine: las negociaciones políticas importantes no se dan entre partidos sino entre individuos.
La reciente votación en el Congreso del proyecto de ley que acaba con la política de desgravamen es un caso ilustrativo. El proyecto, el cual prevé el aumento de impuestos para ciertos sectores pero protege a otros, principalmente el de transportes, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora tramita por el Senado. El Gobierno, liderado por el Ministro de Hacienda, Joaquim Levy, ha resaltado la importancia de aprobar el proyecto lo más rápido posible como parte de los esfuerzos para aumentar los recursos fiscales del país.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, no apoya la propuesta del Gobierno y prefiere que el texto del proyecto sea modificado para establecer un índice común para todos los sectores sin excepciones. Lo curioso es que Calheiros es miembro del mismo partido (PMDB) que el relator del proyecto en la Cámara de Diputados, Leonardo Picciani, y debería, al menos en teoría, apoyar los proyectos del Gobierno en el Congreso.
En segundo lugar, la “lógica del sálvese quien pueda” se distingue por un distanciamiento generalizado de la base oficialista vis-à-vis la Presidenta Rousseff, plasmado tanto en una retórica de repudio como en un rechazo tangible de las propuestas políticas del Gobierno. Ataques verbales y con imágenes en los espacios públicos y en la prensa son frecuentes. Las divergencias entre los miembros del PT y la Presidenta son claras, principalmente con relación a la política económica que se debe adoptar.
Hasta el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva -otrora mentor y padrino político de la actual Presidenta- ha expresado su desaprobación del Gobierno al afirmar que “el Gobierno parece un gobierno de mudos”, al criticar la falta de iniciativas de comunicación de Rousseff, y que “el Gobierno está en el volumen muerto”, al referirse a su baja popularidad. En este momento, nadie quiere ser tachado de “aliado” de la Mandataria.
En efecto, los incentivos para serlo son muy bajos. El desprestigio de Rousseff no se restringe al ambiente de los líderes políticos, sino que se extiende por todos los segmentos de la sociedad. El nivel de aprobación de su Gobierno (7.7%) es el más bajo de un Presidente en toda la historia del país. Las dificultades que enfrenta -el deterioro económico, las sospechas de corrupción en torno al financiamiento de sus campañas políticas y las acusaciones de “pedaladas fiscales”- no pintan un escenario favorable para el resto de su mandato.
Finalmente, la tercera característica que determina la “lógica del sálvese quien pueda” es una completa evasión de responsabilidad por actos que pueden ser considerados, por lo menos, dudosos en cuanto a su procedencia lícita. La operación Lava-Jato, que ha descubierto el caso de corrupción en Petrobras, ha llevado a la investigación de más de 50 políticos entre diputados, senadores, Ministros y dirigentes de importantes partidos políticos. Todos siempre afirman estar “sorprendidos” con la inclusión de sus nombres en la lista de investigados y que son el blanco de un complot en su contra. Se escudan en una supuesta teoría de conspiración para defenderse de acusaciones hechas por delatores del esquema de desvío de recursos de la empresa estatal.
¿Cuáles son las posibles ramificaciones de esta nueva lógica?
A corto plazo, la ingobernabilidad. Pese a los cambios institucionales, como la eliminación de la Secretaría de Relaciones Institucionales, y al nombramiento del Vicepresidente como encargado de todas las negociaciones del Gobierno con el Congreso, el poder de comando y ejecución de Rousseff se ha deteriorado visiblemente. No hay garantía que los proyectos considerados vitales para el ejecutivo pasen por el legislativo y la parálisis de la agenda de reformas sería muy costosa para la economía sudamericana.
A mediano plazo, el juicio político a la Presidenta es una posibilidad. Cunha ya ha empezado a aceptar los pedidos para la implementación de tal procedimiento.
A largo plazo, un candidato populista podría llegar al poder en las elecciones de 2018. Eso tendría implicaciones no sólo para Brasil, sino para toda la región latinoamericana, incluyendo a México.
* Mariana Magaldi de Sousa es profesora investigadora del CIDE y coeditora del libro “La Integración de las Políticas Públicas para el Desarrollo: Brasil y México en Perspectiva Comparada”.
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