El primer mes de Mauricio Macri al frente de Argentina ha estado lleno de acción.
Desde el 9 de diciembre, el Presidente ha firmado 29 decretos ejecutivos, una herramienta que ya desde su campaña prometió usar al no contar con mayoría en el Congreso.
Entre estas medidas se encuentran el levantamiento del control cambiario sobre el dólar, la creación de un nuevo ente regulador de medios o, desde el inicio de este año, el despido masivo de funcionarios.
Todas ellas suponen una fuerte ruptura con la política del kirchnerismo, que gobernó el país durante los últimos 12 años y que, por primera vez, se encuentra en la Oposición.
Y es que, pese a que el nuevo Mandatario instó en su discurso de investidura a olvidar las enemistades del pasado y avanzar como una Argentina unida, sus políticas han ahondado la división con la izquierda peronista y con los sindicatos del sector público.
Dos de ellos cargaron esta semana contra los despidos de funcionarios y amenazaron con llevar a la Administración macrista ante la Justicia.
La Oposición acusa a Macri de no buscar diálogo alguno en el Congreso, mientras que el lado oficialista acusa que el sector público está plagado de personas que lograron su puesto por “amiguismo”.
Los decretos implementados hasta ahora también dejan ver un marcado viraje económico hacia un modelo liberal, en comparación con el intervencionismo que caracterizó al mandato de los Kirchner.
El corto mandato del Presidente también ha estado marcado por la fuga de tres sicarios vinculados al narcotráfico de una cárcel de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Esta huida desató una tormenta política, pues uno de los fugados, Martín Lanatta, había acusado a Aníbal Fernández, el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, de ser el autor intelectual del homicidio por el que cumplían prisión.
En materia internacional, Macri ha convertido en un estandarte de su Gobierno la oposición a Venezuela, a cuyo Presidente, Nicolás Maduro, exigió durante la cumbre del Mercosur que libere a los presos políticos.
Y no parece que la intensidad que ha caracterizado a este mes vaya a aminorar para Argentina.
Representantes del Gobierno se reunirán el próximo miércoles con los acreedores que ganaron un juicio en su contra en Estados Unidos, a quienes Cristina Fernández calificó de fondos “buitre”.
En una de las batallas que más coste político podrían acarrear a Macri, su Administración tratará de llegar a un acuerdo con los bonistas, los cuales exigen el pago íntegro de su deuda.
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