Brasil, “locomotora” de América Latina en los últimos años, llega a la Cumbre de las Américas lastrado por una economía casi en recesión y la crisis política generada por los escándalos de corrupción que afectan al gobierno de Dilma Rousseff.
La mandataria inició su segundo mandato el 1 de enero de 2015 y desde entonces sus índices de popularidad se han desmoronado, abatidos por serias dificultades económicas y un colosal escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
Según datos oficiales, la economía brasileña creció el año pasado 0.1%, tras expandirse 2.7% en 2013, solo 1.8% en 2012 y 3.9% en 2011.
Para este año las previsiones son peores y el mercado financiero espera una contracción de 1%, según un sondeo realizado por el Banco Central publicado el pasado lunes.
Analistas del sector privado opinan que la situación económica es producto de graves errores en la gestión de Rousseff, como numerosos subsidios que ahora la mandataria intenta desmontar.
Rousseff también inició con la aplicación de un duro ajuste fiscal, que implica una fuerte reducción del gasto público y alzas de la carga tributaria, con las que apunta a equilibrar las deficitarias cuentas públicas, que en 2014 cerraron en rojo por primera vez desde 2001.
Sin embargo, el propio gobierno admite que el impacto del ajuste fiscal se sentirá en el medio plazo y que la consecuencia será una contracción económica mayor.
Eso ocurre en un escenario en el que casi todos los indicadores económicos son negativos y la desconfianza de los inversores crece y se refleja en la bolsa de Sao Paulo y el mercado cambiario, en el que el real se ha devaluado hasta llegar a los niveles que tenía hace más de una década.
En 2014 la producción industrial cayó 1.2 %; las inversiones mermaron 4.4 % y el consumo familiar aumentó solo 0.9 %, lo que supuso su peor desempeño desde 2003.
También el año pasado la producción industrial cayó 3.8 % y la construcción civil se contrajo 2.6 %, todo lo cual encierra una seria amenaza para la tasa de desempleo, que llegó en febrero pasado a casi 6%, con un aumento de 1.6 puntos porcentuales.
Rousseff se enfrenta también a un escenario político enrarecido por la investigación sobre las corruptelas en Petrobras que, por sí sola, responde por casi un 15 % del producto interno bruto (PIB).
El impacto económico de la corrupción en Petrobras, aún no ha sido dimensionado, pero puede agravarse aún más por la implicación en el caso de 18 de las grandes empresas privadas del país.
Por dicho escándalo, la policía abrió investigaciones contra 50 políticos, entre los que están los presidentes de las dos cámaras legislativas y otros 32 parlamentarios.
Además la justicia imputó por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari.
El pasado 15 de marzo, dos millones de personas tomaron las calles del país para protestar contra la corrupción y algunos grupos más radicales llegaron a exigir la destitución de la mandataria.
Para el domingo 12 de abril, cuando está previsto el regreso de Rousseff al país tras la Cumbre de las Américas, han sido convocadas nuevas manifestaciones contra un gobierno que se ve acorralado por una economía atascada y un escenario político enlodado por la corrupción.
Agencias
