El ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Roberto Molina Hernández asegura que no sustrajo recursos del ayuntamiento y sus líos con la justicia los atribuye a “una persecución del gobierno por motivos políticos”.
“Estoy tranquilo porque una orden de aprehensión no significa cárcel; además, el peculado no es un delito grave y quienes promueven mi encarcelamiento por ese tema lo único que demuestran es la persecución política de quienes consideran incómodos; la demanda en mi contra no es otra cosa más que una estupidez”, dice.
En la víspera, el juez quinto de lo penal dictó en contra de Molina un auto de formal prisión al ser acusado de peculado por un monto de 55 millones por quien fuera su síndico, Mario Emilio Zárate Vásquez a quien a su vez acusara en los medios de comunicación de haber tenido vínculos con un presunto narcotraficante.
La ex autoridad municipal quien rechazó estar “escondiéndose” de la justicia, “porque sino no estaría aquí en el Zócalo y no saldría de mi oficina”, explicó los motivos por los cuales considera que la denuncia en su contra por peculado no procederá.
PERSEGUIDO POLÍTICO
Entrevistado en uno de los restaurantes que se ubican sobre uno de los portales aledaños al Zócalo de la ciudad, el ex Edil calificó como meras especulaciones el caso de su aprehensión, “lo único que te puedo decir es que hay un expediente desde el año 2006 que se abrió en ese entonces por indicaciones del ex gobernador Ulises Ruiz, y por su ex secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, lo cual es un asunto meramente político que ha caminado y llegado hasta estas fechas por la manipulación que ha realizado el ex director Jurídico del Gobierno del Estado, Mario Emilio Zárate Vásquez”.
Aclaró que el hecho de que se difunda que un juez giró una orden de aprehensión en su contra y dictarle auto de formal prisión no significa que vaya a ser encarcelado. Por el contrario, dijo, hay otros procedimientos a los cuales se puede recurrir entre ellos la apelación a la resolución del juez o bien algo que se llama amparo.
No descartó recurrir a un amparo en contra de la resolución que tomó el juez.
“En ese proceso estamos, creo que vamos a acudir a las instancias federales y ahí se tendrá que terminar y concluir el tema”.
Al cuestionársele a qué atribuye el interés de verlo tras las rejas, el ex Munícipe lo atribuyó a un desconocimiento de cómo se dieron las cosas en el pasado, y sobre todo al tráfico de influencias del ex director Jurídico del gobierno estatal, Mario Emilio Zárate Vásquez.
“Frecuentemente se pasea en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia, ante los Ministerios Públicos, ante los mismos jueces, tratando de sorprender como lo ha venido haciendo con el argumento de que es un autoasesor de la gubernatura del estado”, dice con ironía.
RECHAZA DESVÍO
Molina Hernández rechazó que los 55 millones de pesos por los cuales fue acusado de peculado hayan sido desviados e insiste que el tema sólo evidencia el desconocimiento de la aplicación del presupuesto.
“Que significaría que alguien pudo haber tomado o desviado esa cantidad (55 millones de pesos), es tanto como nunca haberle pagado a los más de 250 trabajadores con los que contaba en ese entonces el municipio quincenalmente durante un año 3 meses”, argumenta.
Ejemplifica que no ejecutar los 55 millones de pesos era dejar de pagarle a los elementos de tránsito y policía municipal, no pagar salarios a los trabajadores de confianza, haber dejado a los regidores sin sus dietas con lo cual “hubieran saltado” inmediatamente.
Incluso, abunda, que de haberse dado un desvío de recursos económicos de esa dimensión era porque se pretendía dejar sin alumbrado público al municipio durante un año tres meses, “no haber pagado el tiradero municipal, ni sufragar gastos de gasolina para las patrullas, en fin, eso en términos generales significaría haber tomado esos 55 millones de pesos”.
Roberto Molina Hernández aseguró que de todas las acciones ejecutadas con parte de ese dinero existe la documentación, la cual esta certificada por Notario Público, y forma parte de la entrega-recepción que hizo durante la comprobación de los recursos económicos y enumeró algunas de las obras que realizó con parte de ese dinero.
“Nosotros presentamos como prueba diversos documentos, por eso se me hace que hablar de 55 millones de pesos no solamente es una exageración sino ralla en la estupidez de quienes quieren manejar esto como un elemento”.
Incluso, reta a quien lo ha demando a que demuestre con pruebas dónde se pudo haber desviado el recurso económico, “si ingresaron a cuentas personales, si se compraron bienes con esos recursos, pero lo que ponen en la denuncia es un número de marcas de camionetas que no dicen, ni significan nada”.
Asegura estar “tranquilo” por lo que no se esconde de la justicia.
Por el contrario, advirtió que seguirá conduciéndose como hasta ahora, “no tengo porque esconderme ni por qué no dar la cara, no es mi idea andar ventilando un asunto jurídico en los medios, pero ante el manejo perverso que le están dando tengo que defenderme”.
Resumió que el tema del asunto de su aprehensión se centra en una persecución política, eso es, “soy un perseguido del gobierno”, sostiene.
Juan Carlos Medrano/Tiempo en Línea
