La represión del movimiento estudiantil de 1968 y de las guerrillas urbana y rural en los años setenta, revelaron que el crecimiento de la economía a largo plazo y la conversión de millones de pobres en clases medias no habían sido suficientes. Mejor informados y más demandantes, los jóvenes de ese tiempo no buscaban derrocar al gobierno o revolucionar el régimen político, sino cambiar algunas leyes, métodos y personas para avanzar de la democracia formal con alto contenido autoritario a una democracia más efectiva que diera paso a la pluralidad de intereses y opiniones que ya caracterizaba a la sociedad.
Todavía en medio de la Guerra Fría, el gobierno del presidente Díaz Ordaz no podía admitir la legitimidad de estos reclamos porque suponía que las protestas eran manipuladas por fuerzas proclives al comunismo internacional. El presidente Luis Echeverría incorporó a decenas de jóvenes a los altos cargos de gobierno y se apropió del lenguaje y las banderas antiimperialistas e igualitarias de los muchachos, pero no transformó las estructuras políticas para democratizar al sistema.
Don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación del presidente José López Portillo, entendió que había llegado la hora de la democracia y avanzó en la primera de una sucesión de reformas políticas que culminarían con la “ciudadanización” del sistema electoral en 1996. Debido en gran parte al disgusto de las clases medias por los efectos devastadores de la crisis de 1995 y la recesión de 1996, el PRI perdió las elecciones intermedias de 1997 y por primera vez en su historia dejó de tener mayoría en la Cámara de Diputados.
Tres años más tarde, los ciudadanos dieron un nuevo voto de castigo al PRI. El tiempo de Cuauhtémoc Cárdenas había pasado y los ciudadanos eligieron a Vicente Fox, más por remover al PRI y votar por un político enteramente distinto a los tradicionales, que por apoyar un programa político, económico y social alternativo, que el panismo no logró articular.
Los años de Fox fueron decepcionantes y todo parecía indicar que el próximo presidente sería Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los errores de él mismo, las repetidas intromisiones de Fox, que le valieron una censura del TEPJF, y la campaña montada por el panismo que impuso en el imaginario político la idea de que “López Obrador es un peligro para México”, dieron a Felipe Calderón una ventaja de medio punto porcentual que, no obstante ser estadísticamente irrelevante, le dio el triunfo político.
Se podría suponer, primero, que habrá elecciones el 1 de julio próximo, y luego, que el gobierno se abstendrá de conculcar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes y legisladores, no sólo porque para eso fue reconstruido el sistema electoral en 1996 y reformado en 2007-2008, sino porque el discurso de la democracia fue el signo distintivo de la historia del PAN.
Esto no ha sido así. El presidente Calderón ha dicho que su padre le enseñó que el PRI era responsable de todos los males del país y él parece decidido a impedir que vuelva a la Presidencia de la República. Ha empezado a hacerlo ya, a través de desmesuradas campañas publicitarias sobre los avances, más ficticios que reales, de su gobierno, y anunció que lo seguirá haciendo con el pretexto de promover el turismo, es decir, en los márgenes que podrían ser legales pero no son legítimos.
Si esto fuera todo, el país no tendría motivos de preocupación. Pero como el propio presidente sabe que sus intromisiones cuasi legales no bastan para derrotar al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, lo que puede esperarse es una “guerra sucia” de segunda generación, que ya no sólo procuraría desprestigiar alcandidato oponente, como en 2006 a López Obrador, sino que acusaría agobernadores y ex gobernadores priistas de actos ilegales, ciertos o falsos pero suficientemente convincentes para que grandes grupos de población, en especial los menos organizados e informados, identifiquen al PRI con el crimen organizado y voten por la candidata del PAN. Se trata de un engaño masivo desde el poder con medias verdades o con francas mentiras.
Esta es una perspectiva posible y realista, en la que el gobierno tiene por aliados a los monopolios mediáticos y sus voceros. Y ya ha habido avances o ensayos generales con vestuario, como la campaña tenaz de descrédito que desembocó en la renuncia de Humberto Moreira a la Presidencia del PRI, el intento fallido de convertir en gobernadora de Michoacán a una hermana del presidente o la también fracasada maniobra para poner en prisión a Jorge Hank Rhon, uno de los priistas más vulnerables a la acción de las instituciones de procuración de justicia.
Lo que preocupa es que en su obsesión por cerrarle el paso a Peña Nieto, el presidente Calderón llegue a fracturar el orden constitucional y crear una situación de facto que disloque la democracia y provoque un retroceso histórico que tendría un costo muy alto para el país y cancelaría cualquier perspectiva de resolver en paz los graves problemas que padecemos y que en el panismo han alcanzado el nivel de emergencias: la desigualdad y la pobreza, la violencia, la semiparálisis de la economía.
