Rezago de 30% en evaluación de personal de la SSP

Print Friendly, PDF & Email

La Secretaría de Seguridad Pública federal tiene un rezago de 30.20% en lo referente a los exámenes de control de confianza aplicados a su personal; la Procuraduría General de la República, 34.37%, y el Instituto Nacional de Migración, 51.01%.

 

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria han cumplido casi en su totalidad con esta disposición, pues 96.97 por ciento de sus servidores públicos ha sido evaluado.

Aun cuando hay rezago en el tema de las evaluaciones de confianza practicadas al grueso del personal adscrito a las dependencias federales responsables de seguridad, en lo que se refiere a sus altos mandos la situación cambia, pues 92.5 por ciento de ellos han cumplido con los exámenes.

De acuerdo con el último corte al 22 de mayo, de un universo de 27 altos mandos adscritos a la SSP, a la PGR, a la Secretaría de Gobernación y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 25 funcionarios ya han concluido con la evaluación, mientras que las dos evaluaciones restantes se encuentran programadas.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que cuenta con un universo de siete altos mandos, ya han sido evaluados el titular de la dependencia, Genaro García Luna, los cuatro subsecretarios y el oficial mayor, mientras que la actualización de la evaluación del comisionado de la Policía Federal se encuentra programada.

En lo que respecta a la Procuraduría General de la República, la actual titular, Marisela Morales, concluyó su evaluación en su encargo como procuradora, mientras que los cinco subprocuradores, el titular de la AFI, el oficial mayor y el visitador general, que corresponden a nombramientos presidenciales, se encuentran debidamente evaluados.

La Secretaría de Gobernación, con un universo de siete altos mandos, concluyó la totalidad de evaluaciones, es decir, el secretario, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, cuatro subsecretarios y el oficial mayor.

Respecto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un universo de cuatro altos mandos, han sido evaluados el secretario ejecutivo y los titulares del Centro Nacional de Certificación y Acreditación y del Centro Nacional de Información.

La evaluación de la titular del Centro de Prevención del Delito se encuentra programada.

Desde el pasado 18 de mayo MILENIO solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública información sobre dichas pruebas, luego de que su titular, Juan Miguel Alcántara Soria, divulgara rezagos de los gobiernos estatales en la certificación de su personal, a la que se comprometieron por medio del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado en 2008.

En el documento “Evaluaciones de control de confianza de las instituciones relacionadas con la seguridad e impartición de justicia en el ámbito federal, agosto 2008-mayo 2011” se establece que de un “estado de fuerza” de 44 mil 590 elementos dados de alta en la SSP al 28 de febrero de 2001 se aplicaron los exámenes de control de confianza a 31 mil 122.

De 17 mil 400 servidores públicos de la PGR han sido evaluados 11 mil 420; de 5 mil 315 efectivos del INM, 2 mil 604 han realizado sus exámenes de control de confianza.

En tanto que de 7 mil 250 empleados registrados en SHCP-SAT, ya fueron evaluados 7 mil 30.

El lunes pasado, Alcántara Soria reveló que 48 por ciento de los altos mandos estatales de seguridad y procuración de justicia en el país no se han sometido a los exámenes de control de confianza.

De acuerdo con las estadísticas del secretariado, de 376 altos mandos, sólo 198 (52.6 por ciento) han participado en los exámenes de polígrafo, antidopaje, entrevistas de capacidad y evaluación patrimonial, entre otros.

El titular del secretariado exhortó a los gobiernos estatales a cumplir con la obligación legal de evaluar a los altos mandos y al resto de los elementos de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia.

También dijo que esta obligación legal no es nueva, “pues es exigible desde la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2009, por lo que las autoridades estatales que aún presentan pendientes en este renglón deben programar o reprogramar la evaluación de sus altos mandos a la brevedad posible”.

Milenio