“En la región Triqui, el único que manda es el hombre, la mujer no merece hablar, ni opinar, ni anhelar su libertad”, lamentan mujeres.
Oaxaca, Oax.- Basilio Ramírez, alias “El Estrella”, presunto comprador de una niña de la región Triqui, aseguró que las acusaciones en su contra son falsas; negó ser abogado, conocer a la familia de la menor y haberla comprado para cobrarse una deuda, señalando que su “único pecado” ha sido luchar por lograr el retorno seguro de los desplazados de San Juan Copala.
Basilio Ramírez manifestó que sólo ha sido víctima de una calumnia fabricada por el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Arturo Peimbert Calvo, a quien acusó de utilizar la situación para dividir al movimiento de desplazados y evitar que se sigan manifestando en las calles de la Ciudad de Oaxaca.
Apuntó que ante la tergiversación del tema de la presunta venta de la menor, se vio obligado a levantar la voz, a salir del anonimato, porque teme por su integridad, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo ha señalado como indiciado por los delitos de trata, corrupción de menores y robo de infante.
Señaló que fue el 6 de agosto de 2013 que empezó “esta historia de mentira”, cuando fueron convocados por la misma Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a dialogar para resolver el tema del regreso a sus comunidades.
Indicó que en primer momento para apaciguarlos y calmarlos, el titular de la DDHPO Arturo Peimbert, le ofreció a uno de los grupos que se mantenían en plantón frente al Palacio de Gobierno, cinco millones de pesos, y al otro bando “el nuestro el que encabezamos su servidor Basilio Ramírez y mi hermana Margarita Ramírez García,-y que estamos representado por la líder Lorena Merino, se nos excluyó de la mesa, hasta fuimos sacados de la reunión de acuerdos” refirió.
Detalló que fue en ese momento cuando el ombudsman estatal retuvo a la niña, que hoy se dice que compró a cambio de una deuda por prestación de servicios jurídicos, “lo que es una mentira”, abundó.
[sic] “En primer lugar no soy abogado y no hay motivo para que la familia de la menor me tenga que deber a mi alguna deuda, yo sólo soy secretario del movimiento de la organización de desplazados de Copala… Conozco a la familia de la niña, porque son vecinos en mi comunidad, pero en ningún momento adquirimos alguna deuda ni ellos conmigo, ni yo con ellos, yo sólo me dedico al comercio”.
Refirió que a partir de que la DDHPO mantuvo a la menor escondida en diferentes partes, “con el objetivo de presionar a los desplazados a no regresar a manifestarse en las calles fue que empezaron las difamaciones”.
Aseguró que lo que se comete en su contra es grave y forma parte de una campaña de odio, de rencor, de difamación, porque en la región Triqui, dijo, no se venden mujeres.
Basilio Ramírez, informó que buscará a un grupo de abogados para defenderse “con todo” ante las instituciones de justicia, para no ser encarcelado ni criminalizado por acciones que asegura no cometió; dijo que en la denuncia que presentará señalará como responsable de lo que le pueda pasar al titular de la DDHPO.
Precisó que el padre y madre de menor no hablan español y por esa razón son utilizados y manipulados con la falsa historia de venta de su hija.
Basilio Ramírez, negó a su vez que haya atentado en contra de la vida del defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y reviró que al contrario, “quien lo ha mandado a matar ha sido el mismo ombudsman estatal, hasta en 3 ocasiones, pero ha fallado”, afirmó.
TESTIMONIOS EN SU CONTRA
Dos mujeres indígenas desplazadas de San Juan Copala, fueron testigos del escape de la niña Triqui que se negó a irse con su comprador luego de ser vendida por sus padres.
Estas mujeres aceptan que tener novio en su región es imposible, y el único futuro que tienen las mujeres triquis es la venta con desconocidos contra su voluntad y consentida por sus propios padres.
Las indígenas son Carmen de Jesús López y Selena Ramírez López, y son beneficiarias de medidas cautelares, luego de destierro y éxodo de San Juan Copala.
Aseguraron conocer el caso porque ellas ayudaron a la menor a escapar y a refugiarse en una casa hogar de desplazados, cuando supieron que había sido cedida por sus familiares a Basilio Ramírez como parte del pago de una deuda.
Mencionaron que el inicio del calvario empezó con la división de intereses entre los grupos de desplazados; porque con ello la menor quedó sola con su mamá, poco después le avisaron que sería cedida a una persona que no conocía.
Y fue así, que la víctima optó por solicitar auxilio y cobijo en el albergue habilitado para alojar a los desplazados que aceptaron dejar el plantón de protesta frente al Palacio de Gobierno.
Carmen de Jesús señaló que al notar la desesperación de la menor, asumieron defenderla y protegerla, incluso esconderla para que no fuera entregada al hombre que habría pagado a sus familiares para tenerla.
“Cuando nosotras la encontramos, ella ya escapaba de sus padres y de la persona que la compraría”, comentó.
En este sentido, las dos mujeres repudiaron la decisión de los padres de la víctima, al valer una práctica común en sus pueblos como lo es la venta de sus hijos a desconocidos.
Las desplazas a su vez, defienden la valentía de la menor Triqui que se negó a ser entregada a un desconocido, por buscar su libertad, rompiendo con las prácticas arcaicas de su pueblo de origen.
Para las dos indígenas testigos de la venta de una mujer de su etnia, la igualdad y equidad de género son sólo una fantasía, pues advierten que en pueblos como el suyo, la esclavitud sigue vigente a pesar de que otros países ya fue abolida.
“En la región Triqui, el único que manda es el hombre, la mujer no merece hablar, ni opinar, ni anhelar su libertad”, lamentaron.
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