* En el probable feminicidio de Abigail Hay Urrutia, el alcalde de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, intentó garantizar impunidad al Juez Cívico Calificador, Joel Alberto Luis Velásquez por su relación sentimental.
* Para sentar un precedente positivo, las y los diputados de la LXV Legislatura del Estado deben suspender al alcalde y desaparecer poderes en Salina Cruz. ¿Sabrán estar a la altura de las circunstancias?
A riesgo de escandalizar a las hipócritas buenas conciencias y políticamente correctos en el poder y por arribar al poder, es imperativo abordar un aspecto controversial de la diversidad sexual.
Irreverente y contestatario, obligado es hacerlo en conciencia y por responsabilidad histórica y social, por el terrible daño que hacen a la gobernanza y a la gobernabilidad de Oaxaca y del país.
Respetuoso de la vida privada e íntima, abordamos esta singular arista de la diversidad sexual en la política y el gobierno por sus nefastos resultados públicos que mucho daño hace al pueblo.
No es un problema nada nuevo en el país ni exclusivo del estado de Oaxaca, ya que se hace extensivo a la política y al poder en todas las entidades federativas de la república mexicana.
No obstante, es por demás evidente, público y notorio, que el desgobierno se ha acentuado en los casos de presidentes municipales emanados de Morena, por ejemplo, Salina Cruz y Santa María Huatulco.
Sus consecuencias son sumamente graves en la política en general y especialmente en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, federal, estatales y municipales.
Es mucho más grave, particularmente, en materia de seguridad pública, como lo prueba la abierta protección por complicidad para garantizar total impunidad a las parejas en la comisión de delitos.
Para evitar que suelten a la jauría, acusándome de homo o lesbofóbico, pido a mis amigos y amigas diversos en el poder que hagan con su cucu lo que quieran, pero cuiden su imagen pública.
No sin razón se considera ética y moralmente más grave el escándalo que el hecho mismo, porque sienta un precedente sumamente negativo como un mal ejemplo que incita a dañar a los demás.
Astutos y realistas, gobernantes y políticos deben saber acomodarse al mundo con el sabio uso de la prudencia que, según Gracián, es arte antes que virtud. El escándalo es ajeno a la vida íntima.
En el oráculo Manual y Arte de Prudencia, el Jesuita español Baltasar Gracián (1601-1658) subraya que “saber vivir es el verdadero saber y que es tan corta la vida que no se vive si no se sabe”.
En el probable feminicidio de Abigail Hay Urrutia llamó la atención que el alcalde de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, intentara garantizar impunidad al Juez Cívico Calificador, Joel Alberto Luis Velásquez.
La explicación de la protección del munícipe al Juez Cívico Calificador la dieron las benditas redes sociales y periodistas como Rodolfo Vásquez Mendoza, que revelaron la relación sentimental de ambos.
En su columna La Espada de Damocles, Rodolfo denuncia, además, “la usurpación de funciones por parte de dicho juez es el sello de esta administración municipal, igual convoca a reuniones que manda a desalojar viviendas con el apoyo de la policía”.
“Sobre este Juez pesan serias acusaciones de violaciones a la Ley, como el uso de la fuerza pública para aplicar el cobro excesivo de multas por faltas administrativas, cobros que van de los 3 mil pesos hasta los 15 mil pesos, sin contar con la amenaza y la coacción de la libertad y la violación constante de los Derechos Humanos de los detenidos”.
El munícipe no atendió el reclamo del Cabildo para que el Juez Cívico Calificador compareciera a explicar lo que había pasado con Abigail Hay, cuya detención Luis Velásquez ordenó para multarle.
Sin embargo, ante la creciente presión social de la familia, de organizaciones feministas y de las diputadas del Congreso del Estado, suspendió de su cargo a Joel Alberto Luis Velásquez.
Como efecto multiplicador de la presión provocada por el escándalo nacional del probable feminicidio, la Fiscalía General del Estado se vio obligada a investigar con perspectiva de género.
El titular de la Fiscalía General del Estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, se vio obligado, asimismo, a solicitar órdenes de aprehensión contra el Juez Cívico Calificador y tres policías municipales.
Para sentar un precedente positivo, las y los diputados de la LXV Legislatura del Estado deben suspender al alcalde y desaparecer poderes en Salina Cruz. ¿Sabrán estar a la altura de las circunstancias?
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