Ante un entorno internacional de inestabilidad, turbulencia y recomposición, hoy más que nunca se precisa de fortalecer la unidad nacional, restablecer la confianza en nosotros mismos, consolidar la institucionalidad y planear, diseñar y construir juntos el futuro que queremos. Coincido con el presidente Enrique Peña Nieto, a unos días de su Tercer Informe de Gobierno, en que restaurar la credibilidad nacional es indispensable para salir adelante en esta crisis global que ha puesto a prueba a toda la comunidad de naciones.
No es la autoflagelación y el escarnio sino el acuerdo en lo fundamental el camino para permanecer como una nación viable, orgullosa de su cultura, con identidad propia, con aprecio por su pasado y segura en su tránsito hacia el futuro, un futuro cada vez más exigente para toda la población, las naciones, entidades y personas.
Sólo restaurando la confianza, en ese marco de acuerdo en lo fundamental, podremos mantener los equilibrios financieros de que el país goza desde finales del siglo XX, conquista de una administración federal priista, y para darle a las nuevas generaciones el crecimiento real del que han carecido hasta ahora, el incremento del PIB por encima del aumento relativo de la población, y con este crecimiento ofrecer los empleos estables y bien remunerados en donde la juventud aplique el conocimiento obtenido en las aulas universitarias y en las carreras técnicas.
Esa restauración de la confianza no significa eludir la autocrítica, el reconocimiento de errores y omisiones de todos los sectores y todos los actores, comenzando por quienes hemos tenido un mandato popular, en la esfera del poder ejecutivo o del poder legislativo, en la federación o en las entidades federativas, al igual que en la base del federalismo, el municipio libre.
Es preciso reconocer activos y pasivos, avances y pendientes, para que en un riguroso y honesto balance se conserve lo que ha operado y se deseche lo que no ha funcionado. Se impriman, en todo caso, todos los cambios que sean necesarios.
En estos tres años, México ha cambiado como nunca en su ingeniería constitucional y legal, en sus leyes e instituciones, para poner al país en sintonía con las demandas de un mundo cada vez más global, interdependiente y demandante, en donde ser competitivos ya no es una opción sino una necesidad inaplazable.
Con iniciativas del presidente de la República, varias de ellas provistas del consenso previo de los tres principales partidos políticos, el congreso de la Unión, diputación y senaduría, aprobamos reformas que años, y aún décadas de parálisis legislativa, tenían frenadas para bien de grupos monopólicos y oligopolios, y para mal de la inmensa mayoría de la población mexicana.
El gobierno de la República y la XLII legislatura federal, de la que orgullosamente he formado parte, cumplieron con su deber de actualizar el marco legal para dar una mejor respuesta a las urgentes y legítimas demandas, en todos los órdenes, desde el político al cultural, el económico al social, del pueblo de México.
Reformas para la competitividad de las empresas mexicanas, la flexibilidad laboral, la transparencia administrativa, la rendición de cuentas, la equidad fiscal, el fin de los monopolios en el sector estratégico de las telecomunicaciones, la ampliación de los créditos para industrias y familias, el control del endeudamiento de gobiernos estatales y municipales, la agilidad en la administración de justicia y la defensa del ciudadano frente a la arbitrariedad de autoridades y ahora también de particulares, en un nuevo concepto de la figura del amparo.
Sobre todo, la reforma educativa, para elevar los estándares de aprovechamiento del alumnado mexicano, mediante la evaluación universal a estudiantes y docentes, la profesionalización en el ingreso y la promoción en el sistema educativo, las escuelas de tiempo completo y otros cambios sustantivos, entre los que figura una mayor inversión en infraestructura educativa, de manera especial en las entidades más rezagadas como Oaxaca.
La educación de las niñas y los niños, que a partir de hoy lunes 24 de agosto inician un nuevo ciclo escolar, debe estar en las prioridades de este nuevo pacto de restauración de la confianza en nosotros, en las instituciones públicas, en las instituciones de gobierno y también entre toda la ciudadanía.
Recuperemos el sentido elevado de la República que Benito Juárez tenía y que resumía en estos términos el abogado, escritor, periodista, maestro y político mexicano, don Ignacio Manuel Altamirano: “…él está en la República, piensa en la República, trabaja por la República y morirá por la República, y si un rincón quedara solo en la patria, en ese girón estaría uno seguro de hallar al Presidente”.
Que en cada girón del país esté un servidor público representante de la República, un funcionario federal, estatal o municipal, desde el presidente hasta el regidor, para extender la mano del Estado nacional, su fuerza legítima, su capacidad transformadora, facilitadora y activa, para servir a la mexicana y al mexicano que lo solicite, porque ese es su derecho.
Para esto el primer paso es hacer ese balance autocrítico, ponderar los aciertos y los errores, los alcances y las insuficiencias, con talante constructivo, propositivo y abierto, para ser más fuertes en la unidad y no más débiles en la división, la perniciosa autocontención de unos por otros.
Restauremos la confianza en las instituciones de la República, en los órganos que nos hemos dado por mandato popular, por delegación de la soberanía. Hagámoslo por México, por su viabilidad, su presente y su futuro; hagámoslo en especial por quienes hoy portan sus útiles escolares y hacen sus primeras lecturas del ciclo escolar 2015-2016, en todo el país, en todo Oaxaca.
