La Real Academia de la Lengua Española señala que responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente; hasta hoy, la responsabilidad de la administración de los recursos públicos, humanos, materiales y financieros, la hemos concentrado en los titulares de los tres niveles de gobierno, incluso, haciendoles responsables de lo actos de sus subalternos.
Los actos de los secretarios de estado, los regidores en los ayuntamientos y demás servidores públicos que integran las instituciones, provocan menos interés, son menos perseguidos, incluso, menos investigados que el actuar de los titulares. Ejemplo de esto es que el acto de corrupción más conocido es el de “la mordida” de un agente de tránsito o un servidor del registro civil, no al director o Secretario de Vialidad, sin embargo, es a ellos a quien socialmente se responsabiliza del servicio recibido.
Podemos argumentar que se debe a los actos que realizan o que por el nivel que ostentan los montos en los que participan son mayores, pero eso implicaría que seguimos observando al titular con una mayor responsabilidad, que adquieren de forma jurídica u organizacional, pero no es el directamente responsable del servicio que se brinda, sino de su organización, administración, vigilancia, seguimiento y evaluación.
La remoción de los titulares ha sido hasta hoy la solución más recurrente para mostrar interés en alguna problemática institucional, sin embargo, los cambios de los responsables operativos del servicio público, son los menos trascendentes, pero los de mayor impacto en la ciudadanía; podemos cambiar de titulares las veces que se consideren necesarias, pero de poco o nada sirven mientras no se garantice el cambio de la calidad en el servicio hacia la ciudadanía.
En los mecanismos de selección de las instituciones responsables de la investigación, vigilancia, revisión y fiscalización de los recursos como el Órgano Superior de Fiscalización o la Secretaría de la Contraloría consideran como un factor importante “la denuncia ciudadana” de la cual no hay un número igual a la de los ciudadanos inconformes con un servicio o servidor público.
Se ha discutido sobre diferentes elementos o mecanismos que nos permitan combatir la corrupción y el que más resalta es el de acabar con la impunidad mediante el fincamiento de “responsabilidades ejemplares” en las diversas materias y por las diferentes autoridades, sin embargo, para que esto suceda debe haber una congruencia entre el molestar de los actos con las denuncias realizadas. No se trata sólo de quejarse mediante el Facebook o twitter o preguntar ¿quién ha sido? Sino de responder ¿qué hemos hecho?
Somos responsables de nuestros actos y de aquellos en los que participamos de forma indirecta, tolerando o callando, y el no denunciar también nos vuelve cómplices de éstos, aún de aquellos que “nos molestan”. Somos el resultado del pasado que ya no podemos variar y responsables del futuro que no veremos, pero que hoy tenemos la responsabilidad pública de construir.
El ideal de que todos nos interesemos en los asuntos públicos y sus posibles soluciones, tal vez hoy no lo alcancemos, sentemos entonces las bases para que quienes nos rodean nos observen interesados, participando en las soluciones de los temas que a todos nos impactan y que a todos nos preocupan.
(*) El autor es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca.
Correo Electrónico:
adancordovatrujillo@gmail.com
Twitter:
@adancordovat
Facebook:
Adán Córdova
