En días anteriores, se han estado enviando miles de mensajes de texto a teléfonos celulares como parte de una campaña de difamación en contra del gobierno del edil José Antonio Hernández Fraguas, misma que es financiada por intereses de terceros.
Según un cálculo elaborado por el área de Comunicación Social del Municipio, dicha operación tiene un costo aproximado de tres millones de pesos, suponiendo que a cada usuario le llegue sólo una vez dicho mensaje.
Por lo anterior, el Gobierno Municipal desmiente la existencia de empresas fantasmas y enfatiza que esta información es totalmente falsa, debido a que cada obra fue asignada conforme lo establece la ley de obra pública.
En el caso de la obra referida, en el mensaje que circula, fue sometida al proceso de licitación pública estatal que fue publicada de manera oportuna y transparente mediante la convocatoria 001 del 4 de mayo del presente año, en la que la empresa referida comprobó su existencia con la documentación relativa como el acta constitutiva y se cuenta con los expedientes y archivos de las actas de juntas de aclaraciones y fallo que contienen las propuestas valoradas, así como el contrato correspondiente a efecto de ejecutar el proyecto.
Respecto a la otra nota que se ha enviado mediante dichos mensajes de texto, se aclara que esta información es falsa debido a que cada evento público está comprobado con facturas y fotografías que permiten corroborar la ejecución de los recursos públicos, tales como los que refiere la nota difamatoria. Dichos gastos se hicieron en tiempo y forma y de acuerdo a la norma.
Esta administración municipal ha sido objeto de una campaña organizada para desacreditar su actuación; durante los dos años de la misma se han invertido millones de pesos en este tipo de campañas, por ello el Gobierno Municipal reitera la disposición de siempre estar sujeto a la más escrupulosa revisión y fiscalización por los órganos competentes.
Al tiempo que denunciamos este tipo de campañas que solo confunden a la ciudadanía de Oaxaca de Juárez y demuestra un notorio interés político y personal de quien las financia.
Ante lo expuesto, el gobierno ejercerá su derecho de denunciar esta actuación a fin de que la policía cibernética investigue de dónde han salido dichos mensajes difamatorios y se sancione a quien o quienes resulten responsables por los delitos que pudieran configurarse.
