El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, manifestó su indignación ante la resolución de un juez de regresar la tutela de una niña de 15 años a sus padres, quienes intentaron venderla por 40 mil pesos para saldar una deuda.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano realizada este martes 4 de marzo, las consejeras Martha Julia Avendaño, María Eugenia Mata García y Sara Pilar Méndez Morales, así como los consejeros Pedro Matías Arrazola, Héctor Lorenzo Estrada, José Bernardo Rodríguez Alamilla y su presidente y Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, dijeron que es inverosímil la resolución emitida en este caso, además de lesionar gravemente los derechos humanos de niños y niñas, por lo que acordaron iniciar una serie de acciones en el ámbito de su competencia y facultades para coadyuvar en evitar la repetición.
Respecto al caso el Obmdusperson detalló que la niña pertenece a un grupo de personas desplazadas de San Juan Copala, pero que debido a que su madre y padre tenían una deuda de 40 mil pesos por servicios de protección jurídica con el señor Basilio Ramírez, quien dice ser abogado de las personas desplazadas, la iban a entregar a este como pago.
Debido a esto, la madrugada en la que ella iba a ser entregada al señor Basilio Ramírez, la niña escapo y buscó apoyo en otros personas desplazadas que se refugiaban en un albergue, quienes decidieron resguardarla, pero la señora María Juana Santiago se presentó en el lugar y violentó físicamente a la niña al golpearla a puñetazos y contra la pared, por lo que ante estos hechos la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género inició la Averiguación Previa 1020/(V.I)/2013 por violencia intrafamiliar, lesiones y demás delitos que se configuren.
Sin embargo, María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar demandaron ante un juzgado de lo familiar, en el Distrito Judicial del Centro, iniciar un juicio de controversia y custodia provisional o definitiva, por lo que obtuvieron la entrega de la niña, sin que el juzgador, considerara los antecedentes del caso, los cuales manifiestan la existencia de un riesgos para la niña.
Ante estos hechos la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió el pasado 27 de febrero una medida cautelar con número de expediente DDHPO/CA/234/(01)/OAX/2014 dirigida al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que girara instrucciones a la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro para que considerará el riesgo existente en la entrega de la niña a sus padres.
El 3 de marzo del año en curso se reiteró la medida cautelar, en atención al riesgo de que la niña fuera llevada a la ciudad de México en contra de su voluntad, sin embargo después de una manifestación realizada en el edificio de la Defensoría por parte del grupo de desplazados al cual pertenecen los padres de la menor de edad, el funcionario de la Secretaria General de Gobierno Dagoberto Carreño, acompañó a los padres a una diligencia expedita para que se les entregará a la menor de edad.
El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Arturo Peimbert, mencionó que para la Defensoría es un caso paradigmático, pues la niña enfrentó una de las más graves violaciones de los derechos humanos, por parte de sus padres cuando intentaron venderla y de parte de las autoridades al no considerar los antecedentes del caso y no escuchar su voz y considerar su opinión.
Este organismo público, autónomo y ciudadanizado considera que existe un riesgo fundado y motivado en contra de la integridad física y psicológica de la niña de referencia, para este organismo, es prioritario que las autoridades garanticen el interés superior de la niña, por lo que las autoridades judiciales deben considerar su voluntad respecto a su guardia y custodia, para privilegiar el respeto a su dignidad como persona, lo que también hace necesario que le provean de todos los mecanismos necesarios para que tenga un desarrollo sano y seguro.
