Los estudiosos de la historia económica tienen claro que la estrategia anticrisis de Roosevelt de los treinta por el crackbursátil de la Bolsa de Nueva York fue para salvar al capitalismo, no para crear una política social. El new deal o nuevo trato sentó las bases más sólidas del capitalismo imperialista.
La estrategia de defender primero a los pobres no es mala, tiene mucho contenido social y tranquiliza las conciencias hasta de los más conservadores, pero en situaciones de crisis por escasez de presupuesto llevaría el modelo Balzac de la piel de zapa: cobijar a los más pobres, pero con el costo de empobrecer a los que quedarían descobijados en situación de una cobija estrecha.
El modelo social del presidente López Obrador es muy simple de entender: su primera decisión anticrisis fue para proteger a los sectores más vulnerables: ancianos, mujeres, jóvenes, niñas y niños –improductivos– y algunos grupos agropecuarios. Pero en una situación de economía cero, lo que gana un sector lo pierde otro.
El uso de los escasos presupuestos sociales para los beneficiarios del asistencialismo del Estado descuidó a los trabajadores que están perdiendo salarios y muchos hasta sus empleos y a las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 72% del empleo y 5l 52% del PIB.
En programas anticrisis no hay gobernantes felices. Ahí es donde se tiene que aplicar la astucia del gobernante: reconocer lo inevitable de los sacrificios en un sector social para proteger a otro, de tal manera que el resultado beneficie al sector productivo laboral porque se convierte en multiplicador de riqueza. Si se protegiera a trabajadores y empresas en esta crisis del parón económico y productivo, la economía podría reanudar su actividad en el corto plazo y por tanto se dinamizaría el pago de impuestos que financian el gasto social. En cambio, si se permite el cierre de empresas y el aumento del desempleo y del subempleo en el sector informal, el ingreso fiscal sería menor.
La economía es una ciencia de pesos y contrapesos. El paquete anticrisis de 1995, por ejemplo, condujo al Fobaproa; sin embargo, la alternativa era la del quiebre de bancos y el colapso del sistema financiero. Lo malo, sin embargo, fue que el rescate de la banca se ha extendido en momentos en que los bancos tuvieron utilidades extraordinarias.
Los dilemas en economía oscilan entre la viabilidad y el desastre en situaciones en que se carecen de opciones drásticas. Salvar a los pobres siempre tranquiliza conciencias, pero al negar de apoyo al sistema económico –empresas y trabajadores– se estaría condenando a la economía a crecimientos económicos negativos en el mediano plazo. El paquete anticrisis de 1995 centró el colapso con un PIB de -6.3%, pero con una capacidad casi inmediata de recuperación: 6.7 en 1996, 6.85 en 1997, 5.16% en 1998, 2.785 en 1999 y 4.94% en 2000, para un promedio anual sexenal de 3.26%.
Apenas en el primer cuatrimestre del año se perfila un PIB anual de -8% o menos. El dilema del gobierno radica en diseñar una política anticrisis de protección a la planta productiva, con subsidios a las empresas y a los trabajadores. El parón económico fue inevitable para romper la cadena de contagios del virus Covid-19 hasta ahora durante un mes, pero posiblemente uno o dos más. Sin apoyo gubernamental, las empresas no sólo han suspendido actividades económicas, sino que muchas están ya cerrando de manera definitiva sus actividades. Las micro, pequeñas y medianas empresas carecen de fondos de emergencia para no producir y seguir pagando salarios de sus trabajadores.
La reactivación económica hacia el último trimestre del año se dará con la panta productiva que sobreviva, sin duda las empresas de los empresarios de la mafia del poderque se alinearon al gobierno lopezobradorista, pero sin los cientos de miles de unidades productivas que tuvieron que desaparecer y sin los cientos de miles de trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo, sobre todo en el sector servicios. El daño mayor del parón económico sin apoyo del gobierno federal estará en la desarticulación de cadenas productivas y económicas.
El rescate del Fobaproa fue inevitable para impedir la quiebra del sistema financiero, pero al gobierno de Zedillo le fallóla fase de la recuperación de los créditos. En los EE. UU. Obama destinó cientos de miles de millones de dólares para rescatar empresas, pero se quedó con paquetes accionarios que obligaron a las empresas a ir restituyendo lo recibido. Por ello el Fobaproa sigue pesando en el presupuesto de gasto después de 25 años: ningún gobierno priísta, panista y ahora morenista ha obligado a los bancos a asumir esas pérdidas.
La negativa gubernamental para proteger a empresas y trabajadores de la crisis del parónproductivo del Covid-19 costará un PIB negativo de cuando menos tres años y bajo en los próximos diez años.
Política para dummies: La política siempre busca el camino del menor daño, no del mayor.
