En Oaxaca, hay verdades que por sabidas fácilmente se olvidan. Al asumir el poder como gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, denunció el colapso político y financiero del Estado.
La crisis económica se agrava más cada día como resultado de la falta de visión y sensibilidad de los servidores públicos de áreas estratégicas, quienes abusan de la confianza del Ejecutivo.
Ello ha generado una avalancha de “fake news” en las redes sociales que retoman algunos portales digitales y que se convierten en recurrentes escándalos que dañan la imagen de Alejandro Murat.
El objetivo político-electoral es muy claro en el actual proceso electoral concurrente en materia federal y local. La consigna de la mano negra también es muy clara: ¡Tírenle con todo a los Murat!
Las omisiones de la actual administración ha provocado el linchamiento mediático de Alejandro Murat por los adversarios y enemigos de su padre José Murat, por razones político-electorales.
La Agencia mexicana de información digital, RID “Somos noticia” (@RIDMEXICO) informó que “no se le pagarán salarios retroactivos a todos los policías del estado y a la base trabajadora”.
La información de inmediato, fue desmentida vía Twitter por el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno del Estado de Oaxaca, Alfonso Martínez Córdoba.
No se debe pasar por alto que por el hartazgo de la población, por la ineptitud y corrupción de la mayoría de funcionarios, hay creciente malestar en los medios, por el desprecio a éstos.
Hace días escribimos que los medios pasan la factura al PRI-gobierno con el alud de críticas contra los candidatos a presidente, senadores, diputados federales y locales y concejales municipales.
Algunos de los abanderados del Revolucionario Institucional tienen una indiscutible valía, como el propio José Antonio Meade Kuribreña, pero otros dejan mucho qué desear por su negro historial.
Intitulada “Policías de Oaxaca se quedarán sin retroactivos; Murat acusa a ex funcionarios”, la nota dice que Murat Hinojosa ofreció una disculpa pública a todos los policías del estado y a la base trabajadora, toda vez que a estos no se le pagarán salarios retroactivos.
El texto firmado por la Redacción señala que “en conferencia de prensa Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, anunció esta mañana que su gobierno está atravesando una “grave crisis económica, derivada del mal uso de recursos de algunos ex funcionarios”.
Agrega que “el gobernador del estado argumentó que esta drástica medida se lleva a cabo toda vez que las arcas del gobierno fueron descompensadas por el mal uso de recursos por parte del hijo del Ex secretario de gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, de la ex encargada del INJEO, Olivetti Paredes Zacarías, y del director de la PABIC”.
“El hijo de Avilés por vacaciones, Paredes Zacarías por una fiesta de cumpleaños y del director de la PABIC por una boda” enumera la información que bien puede considerarse “fake news”.
Concluye que “el mandatario estatal justificó que fue en estos eventos en donde se gastaron el recurso que estaba destinado para el pago retroactivo de los elementos de la policía, pidiendo la comprensión de todos”.
Y las cosas se complican por la continuación de la presunta corrupción atribuida a la persistencia de la estructura administrativa gabinista ocupando altos mandos y medios clave, en el gobierno.
Es verdad incuestionable, porque está a la vista de todos, tirios y troyanos, que es una maldición heredada. Sin embargo, en Oaxaca, la tierra de la Gran Señora del Sur, pasa todo y no pasa nada.
Ante la pública y notoria impunidad que continúa disfrutando el ex gobernador Gabino Cué, Jorge Enrique Castillo y su mafia de presuntos rateros, urge confiscar sus probables fortunas corruptas.
El paso del tiempo fortalece la fundada sospecha que existe un pacto de presunta impunidad con Gabino, Jorge y su mafia de presuntos rateros. Después de cuatro “charales” no hay otro detenido.
Esta percepción general, obliga al mandatario estatal oaxaqueño a dar un severo golpe de timón e, incluso, de ser necesario un manotazo en su escritorio para que lo entiendan sus colaboradores.
Hacerlo cuanto antes en cumplimiento de uno de los principales compromisos de campaña garantiza un resultado positivo al asegurar alta rentabilidad político-electoral para que gane el PRI.
Hasta ahora de nada han servido las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el propio Congreso de la Unión.
Es de lamentar que la Fiscalía General y Especializada en Combate a la Corrupción no fue dotada de “dientes” por la LXIII Legislatura del Congreso. No perfeccionó la Ley de Extinción de Dominio.
La falta de “dientes” en la Ley Orgánica de la Fiscalía General y Anticorrupción es tan grave que esta última carece de autonomía administrativa, y ambas carecen del suficiente presupuesto.
Resulta inexplicable que no obstante estar sabedores de la trascendencia de la procuración de justicia en la gobernabilidad, los legisladores no apoyaran presupuestalmente a las Fiscalías.
Los diputados de los ocho partidos políticos con representación en el Congreso del Estado dejaron pendiente las reformas a la Constitución local y a la propia Ley de Extinción de Dominio.
A pesar de ello, con los resultados de las auditorías de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental las Fiscalías pueden detener a los saqueadores del gabinato.
No es lo mismo fortalecer las Carpetas de Investigación y congelar cuentas con miras a confiscar bienes, estando preso que en libertad, respetando su presunción de inocencia y debido proceso.
Salvo fanáticos fundamentalistas políticos o religiosos, las rejas terminan doblando, buscando colaborar y aportar información para atenuar responsabilidades y obtener la libertad.
Para combatir la delincuencia en general en sus modalidades común, organizada y de “cuello blanco” que golpearle la bolsa y cortar sus flujos de dinero congelando sus cuentas familiares.
Se supone que el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, ha hecho bien su trabajo en materia de realización de auditorías.
De no ser así, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa tendría oportunidad de evaluar el desempeño de sus amigos y principales colaboradores, responsables del combate a la corrupción.
Piedra angular de la política pública de Murat, establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED), es la premisa, “aquello que no se mide no se puede comparar y no se puede evaluar”.
Mucho cuidado debe tener el titular del Poder Ejecutivo con la presunta protección del Poder Judicial del Estado al escandaloso saqueo inédito, sin precedente en las historia de Oaxaca.
Para nadie es desconocido que muchos Fiscales, Jueces y Magistrados, fueron impuestos por amiguismo, compadrazgo y quizás hasta compraron el cargo, durante el desgobierno de Gabino.
Nadie medianamente informado ignora que en las Fiscalías, Juzgados y Salas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado han sentado sus reales mafias familiares, de amigos y compadres.
En este sentido, hay abogados que públicamente presumen que no pierden un solo caso porque conocen el precio de los servidores públicos de la procuración e impartición de justicia. ¡Qué tal!
@efektoaguila
