La situación en Michoacán evidencia una profunda tensión entre un movimiento social joven que reclama justicia, paz y seguridad, y un gobierno estatal que, si bien reconoce el dolor de la ciudadanía, ha optado por estrategias de control y repercusiones legales que muchos consideran represivas.
El caso de Raúl Meza y la respuesta gubernamental a las protestas se han convertido en un símbolo de este conflicto: para muchos jóvenes y defensores de derechos civiles, representa la criminalización de la protesta y la falta de una política estatal de diálogo y reparación, mientras que para el Ejecutivo se trata de garantizar el orden y aplicar la ley ante actos considerados vandálicos o infiltrados políticamente.
A partir de inicios de noviembre de 2025, tras el brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el estado de Michoacán ha sido escenario de amplias protestas, especialmente protagonizadas por jóvenes estudiantes y sectores populares que demandan justicia, seguridad y la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
La movilización social surge por un hecho que conmocionó a la entidad: Manzo, conocido como un alcalde crítico de la inseguridad, fue ejecutado a balazos el 1 de noviembre de 2025, en pleno Festival de las Velas, un evento tradicional en Uruapan. Su muerte desató la indignación ciudadana y una creciente protesta social que ha continuado por semanas.
La condena y el dolor por el asesinato de Manzo no se limitaron a palabras aisladas: miles salieron a las calles en Uruapan y Morelia para exigir justicia y el fin de la violencia que ha marcado la vida pública en el estado. Las marchas reunieron a ciudadanos, comerciantes, activistas y, especialmente, estudiantes universitarios de la llamada Generación Z, quienes llevaron sus demandas más allá de consignas reactivas para convertirse en clamor por cambios estructurales en seguridad y gobernabilidad.
Las protestas escaladas contra el Ejecutivo estatal también han expresado exigencias como la revocación del mandato de Ramírez Bedolla, señalando su gestión como insuficiente frente a la inseguridad y la criminalidad que afecta al estado.
Desde el principio, la postura oficial del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha oscilado entre el reconocimiento de la indignación popular y una defensa férrea de la estrategia de seguridad y legalidad estatal. Si bien llamó a entender las protestas como un “grito legítimo de dolor”, también ha enfatizado la importancia de mantener el orden y transformar la rabia en acciones colectivas.
Sin embargo, los enfrentamientos y detenciones que siguieron a las marchas han marcado un aumento de las tensiones entre manifestantes y fuerzas de seguridad:
En Morelia, durante una protesta que salió del Jardín Morelos rumbo al Palacio de Gobierno estatal, se reportó que un grupo de manifestantes ingresó al edificio, provocando daños y vandalismo. La policía estatal y la Guardia Civil dispersaron la marcha con gas lacrimógeno, balas de goma y detenciones, en un operativo duramente criticado por organizaciones civiles.
La movilización estudiantil, mayoritariamente pacífica, fue tildada por el gobierno de “infiltrada” por grupos de oposición política, lo que ha servido para justificar el uso de fuerza pública contra algunos contingentes.
Las fuerzas estatales lograron detener a varios manifestantes, entre ellos a Raúl Meza Abonte, un joven de 27 años participante de las protestas, quien sigue preso y enfrenta cargos por el delito de “sabotaje”, que sus defensores califican de desproporcionado y con intencionalidad política.
El caso de Raúl Meza ha adquirido notoriedad como símbolo de la represión ejercida durante las protestas. Testimonios, videos difundidos en redes sociales y medios independientes han mostrado acciones de tortura contra él en instalaciones de gobierno, incluyendo el uso del llamado ‘tehuacanazo’, una práctica ilegal que consiste en forzar la ingesta excesiva de agua con gas para causar dolor e incomodidad extrema.
También circula un video que aparentemente muestra al coordinador de Seguridad estatal, José Guadalupe Gaona, presente en el momento de la detención y tortura de Meza, lo que contradice versiones oficiales que negaron su presencia.
Las acusaciones contra Meza han sido fuertemente cuestionadas por su defensa y organizaciones de derechos humanos, que sostienen que su encarcelamiento responde más a una penalización de sus expresiones políticas y su participación en la marcha, que a hechos probados de comisión de delitos graves.
Entre la población michoacana, especialmente jóvenes y estudiantes, se ha percibido un rechazo creciente hacia la administración estatal. Las protestas no solo exigen justicia por el asesinato de Manzo, sino también reclamos más amplios relacionados con la percepción de un gobierno que no ha logrado frenar la violencia ni atender las necesidades de seguridad de su ciudadanía, situación que se refleja en abucheos públicos hacia el gobernador e incluso llamados a su remoción del cargo.
Por su parte, sectores civiles y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado amenazas y agresiones a periodistas y manifestantes, actos que incrementan la preocupación sobre el respeto a las libertades fundamentales en el contexto de protestas sociales.
Lo que está claro es que las demandas de la sociedad michoacana, especialmente de las nuevas generaciones, no han sido satisfechas exclusivamente con promesas oficiales o proyectos de seguridad, y la forma en que estos reclamos sean atendidos —o reprimidos— marcará el rumbo político y social de Michoacán en los meses por venir.
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