Diana Mendez
En el municipio de San Juan Juquila Mixes se reportó la retención de exautoridades municipales, situación que ha generado tensión política y comunitaria, así como llamados a la intervención de las autoridades estatales y organismos de derechos humanos.
Por un lado, a través de un pronunciamiento público, se denunció que un grupo identificado como cacicazgos priistas habría retenido de manera ilegal a exautoridades municipales, presuntamente como un acto de intimidación y violencia política ante la pérdida de control político en el municipio. En dicho documento se señala que la retención se habría realizado sin acuerdo de la Asamblea General ni procedimientos legales, por lo que se configuraría como una privación ilegal de la libertad.
En ese contexto, se mencionó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca podría iniciar carpetas de investigación contra varias personas señaladas como presuntos responsables, así como una posible responsabilidad administrativa y penal del síndico municipal por una supuesta omisión en el cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, se advirtió que estos hechos podrían estar relacionados con el proceso de revocación de mandato programado para el próximo 25 de enero, al considerar que se trata de acciones de presión política para inhibir la participación ciudadana.
Sin embargo, otra versión difundida por pobladores del municipio señala que la retención de las exautoridades, entre ellas el expresidente municipal, el extesorero y exintegrantes del cabildo, fue una determinación tomada en asamblea comunitaria, bajo el sistema de Usos y Costumbres, como medida para exigir auditoría, rendición de cuentas y esclarecimiento del presunto desvío de recursos públicos destinados a obras municipales.
De acuerdo con esta postura, los exfuncionarios permanecerían en la cárcel municipal hasta que expliquen el destino de varios millones de pesos correspondientes a obras no ejecutadas. Además, los inconformes hicieron un llamado al Gobernador del Estado para que no exista protección política hacia quienes calificaron como responsables de presuntas irregularidades administrativas.
En medio de la controversia, también se han señalado presuntas influencias partidistas de distintas fuerzas políticas en el conflicto, lo que ha incrementado la polarización en la comunidad.
