Guatemala va hoy a las urnas con un objetivo: parar la corrupción.
A tres días de que el destape de una red de defraudación fiscal tirara al Mandatario catorce candidatos se disputan la presidencia en un ambiente de repudio al sistema político tradicional.
“Nunca antes se habían mezclado una crisis política e institucional con un proceso electoral. La mente y corazón de la población están más enfocados en la crisis que en las urnas”, estimó el ex Ministro de Economía del país centroamericano Rubén Morales.
Más que en quién ocupará la Casa Presidencial de Guatemala, los pensamientos de todos están puestos en lograr una reforma de Estado, una transformación del sistema de justicia, dijo.
“La salida de Pérez Molina no resuelve el problema de la corrupción. Ese descontento se va a traducir en el voto. Los guatemaltecos votarán por aquellos que perciban como los menos políticos”, explicó Óscar Vásquez, director general de la ONG Acción Ciudadana.
Decenas de miles de manifestantes que exigieron la destitución de Pérez Molina vieron sus deseos cumplidos en parte cuando el ex Presidente renunció y se iniciaron las primeras audiencias en su contra.
Sin embargo, no se cumplió el otro gran reclamo que los unió durante meses: el aplazamiento de los comicios presidenciales.
“La población en general ya no quiere este sistema político ni el liderazgo de los partidos tradicionales. El votante va incómodo, porque tenemos que ir a votar a la fuerza, en un marco político que quisiéramos transformar y que las leyes vigentes nos dicen que no se puede”, resumió el ex vicepresidente del país centroamericano Eduardo Stein.
Los manifestantes veían en el aplazamiento de los comicios su única oportunidad de hacer modificaciones en el esquema de financiación de los partidos políticos y de que candidatos diferentes pudieran presentarse.
En la capital, indígenas, estudiantes, colectivos de mujeres y trabajadores se congregaron en la víspera de la jornada electoral para advertir a los candidatos que se acabó la tolerancia con la corrupción.
“Vamos de luto porque consideramos que las elecciones son un proceso muerto, sin reformas y con una cantidad de gente (candidatos) involucrada en actos de corrupción y clavos (problemas) en tribunales”, dijo Isabel Juárez, del colectivo Otra Guatemala Ya.
De los 14 aspirantes a la Casa Presidencial de Guatemala, quienes lideran las encuestas no gozan de la mejor reputación: un empresario de un partido polémico y cuyo compañero de fórmula está acusado por tráfico de influencias, un humorista sin experiencia política y de una agrupación fundada por militares, y una ex Primera Dama que incurrió al divorcio con tal de lograr su candidatura.
Estos son, Manuel Baldizón, del Partido Líder, con un 24.9 por ciento de las preferencias; Jimmy Morales, del partido nacionalista FCN, con un 16.2 por ciento de las intenciones de voto, y Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 14.7 por ciento.Todos los porcentajes son insuficientes para ganar en primera vuelta -se necesita al menos el 50 por ciento de los votos-, por lo que el 25 de octubre los finalistas irían a un balotaje.
Las elecciones también se dan en un clima de cuestionamientos a los candidatos.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad, creada en Guatemala por las Naciones Unidas, indicó en julio que el 50 por ciento de la política del país está financiada por estructuras criminales, entre ellas el narcotráfico.
Así, inclusive existe el temor de que el próximo Mandatario pueda poner fin a la campaña contra la corrupción que llevó a Otto Pérez Molina al banquillo.
Para José Carlos Sanabria, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES, el contexto de corrupción e impunidad guatemalteco se asemeja a lo que ocurre en México.
“Ambos Estados resienten una cooptación de estructuras vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, en términos de compra de jueces, atentados a funcionarios judiciales, grupos de interés financiando campañas, violencia electoral y hasta candidatos con cuestionados vínculos (criminales)”, dijo el experto.
Además, Sanabria visualiza que las autoridades electorales de los dos países cuentan con dificultades para sancionar y hacer valer la Ley, en temas puntuales como la fiscalización de recursos de campaña.
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