Si bien la autoridad policiaca en la ciudad de México ha dado un paso audaz en reglamentar el uso de la fuerza contra la protesta social para garantizar derechos, ahora corresponde que los manifestantes autorregularse para garantizar la convivencia y evitar que la capital estalle cualquier día en violencia callejera.
La publicación del Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México no tuvo la atención que merecía, y no sólo en su prioridad de respetar garantías de protesta ante exigencias de endurecimiento de la autoridad, sino por la forma de lograr la participación de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Este protocolo –diseñado bajo la dirección del secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada– atiende una parte del problema: la protesta en las calles. La otra corresponde a la política: falta de solución a demandas sociales provocan las marchas. Y ahí el dato debe preocupar: el promedio de protestas en las calles pasó de ocho diarias hacia el 2005 a más de veinte en el 2016.
La crisis de gobernabilidad tiene en las protestas callejeras un índice de medición muy exacto: la ingobernabilidad se da cuando las demandas sociales no encuentran respuestas concretas en la autoridad, desde las que tienen que ver con democracia hasta las más terrenales como fallas en los servicios públicos.
La exigencia de fuerza para disminuir las protestas no hace más que potenciarlas. Las protestas son efecto de problemas de administración del poder, no la causa. El diseño del Protocolo por Almeida Escudero desactivó conflictos que pudieran darse por falta de reglas en el uso de la fuerza policiaca, con datos sobresalientes como la reglamentación estricta en arrestos, la prohibición a la autoridad para grabar en video a manifestantes, uso de armas y fuerza sólo en caso extremo y protección de derechos de manifestantes.
El cambio de paradigma de la policía en la Ciudad de México podría ser una base de nuevas formas de convivencia urbana en una megalópolis de más de veinte millones de personas. El secretario Almeida Estrada refiere mutaciones agudas en la delincuencia que requieren de nuevas formas de operación policiaca, pero en el entendido de que se rompió la relación sociedad-policía.
La seguridad pública en la capital de la república ha sido todo un desafío para la autoridad. Pero los datos indican que se puede abatir cuando existe voluntad política y de gobierno en las autoridades. En su última comparecencia en la Asamblea Legislativa, el secretario Almeida Estrada señaló una baja de 7.7% en la incidencia delictiva de alto impacto en el último año.
Los porcentajes no explican la otra parte de la realidad delincuencial en la Ciudad de México: 7 mil 414 personas fueron detenidas en el periodo marzo 2016-febrero 2017, además de poner ante juzgados a más de 260 mil personas, datos que indican el tamaño del monstruo de la delincuencia en la capital. Lo que falta es una mayor capacidad de personal en el sistema penal para desahogar los expedientes de los delincuentes.
La reorganización policiaca en la Ciudad de México es un activo social porque aumenta la posibilidad de regresar la tranquilidad a la ciudadanía que sale a la calle con el temor de sufrir un acto delictivo y que debe de devolverle la confianza a la policía.
En este sentido, la agenda de la SSP-CDMX da resultados concretos.
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