A Alejandro Martínez (+), Juan Carlos Medrano,
Porfirio Flores y Eduardo Bautista.
La reserva de información que argumentó la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca para negar a un ciudadano el acceso a las auditorías practicadas a la CORTV en los últimos 3 años, generó un resultado y una percepción: el primero, un raspón a la credibilidad de sus directivos y el segundo, un silencio cómplice sobre los lastres del medio público.
Pero esa nota que publicó el periódico capitalino Reforma y reprodujo el diario local Noticias, también tuvo una coincidencia con los protagonistas: Francisco Álvarez Figueroa, el funcionario de la Contraloría estatal que argumentó la negativa, estaba a horas de asumir el cargo de nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
El otro protagonista, el corresponsal de ese medio, Virgilio Sánchez León, también formó parte de la lista de aspirantes a ese organismo público. La coincidencia generó suspicacias.
Sin embargo, más allá de la nota publicada, la negativa de la Secretaría de Contraloría para proporcionar información de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) corroboró que los ciudadanos están lejos de conocer el manejo financiero y contable de un medio público durante el gobierno de la transición.
Es decir, por una “impecable” respuesta jurídica, el medio público dejó a los titulares de la Contraloría, Manuel de Jesús López López y de la CORTV, Emilio de Leo Blanco con “raspón” a su credibilidad y consolidó un silencio cómplice sobre la forma en la que los funcionarios públicos rinden cuentas, no sólo de los recursos públicos, sino hasta del reducido sistema de producción, programación y transmisión de contenidos locales.
Por ejemplo, la Ventanilla Única de Acceso a la Información del Gobierno del Estado, el único vínculo del ciudadano de a pie para conocer el cómo se ejerce el dinero del gobierno, sólo presenta un escueto texto de la única auditoría realizada al medio público, donde señala una sola observación solventada al ejercicio presupuestal del 2014.
Sin embargo, no existe un solo documento de la polémica administración de José Francisco Ortega Quijas, que explique cómo recibió el organismo público y cómo lo entregó a su sucesor; se carece de información precisa de qué aprobó el Congreso del Estado en las Cuentas Públicas del 2012 a la fecha, incluso, no existe precisión de los presupuestos anuales aprobados.
El tema no es menor si se explica que desde su fundación, la radio y la televisión públicas son el fondo revolvente de la política de comunicación social del gobierno estatal, donde la corrupción, la improvisación, la mediocridad y la impunidad gestó un modelo de gestión que depende más de la buena voluntad del gobernador en turno que del cumplimiento de su objetivo principal: servir a los ciudadanos con seriedad, respeto y profesionalismo.
Especialista en análisis y estrategia política.
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