* El robo de identidad por el Registro Civil de los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, no es el único caso de la nueva modalidad de “desaparición forzada” y muerte civil legal.
* El Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán denuncia que los Registros Civil y Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria “mataron” civilmente a 22 comuneros para robar sus tierras.
No cabe duda que los mexicanos en general y de manera particular los oaxaqueños son verdaderamente geniales, lamentablemente, las más de las veces para hacer mal y no bien.
Un nuevo delito de la delincuencia organizada de “cuello blanco” aún no tipificado en la legislación es, sin duda, la nueva modalidad de “desaparición forzada” que cobra vigencia.
Simplemente se desaparece la personalidad jurídica de las personas, a través de “borrar sus nombres de un plumazo” en los libros de Actas de Nacimiento del Registro Civil del Estado.
El Registro Civil en complicidad con el Registro Público de la Propiedad, hoy Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, despoja a propietarios de sus bienes inmuebles.
Es el caso del robo de identidad por el Registro Civil de Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez. No es el único caso de la nueva modalidad de “desaparición forzada”.
En franco desacato a lo ordenado por el Juez Segundo de Distrito, hasta ahora la directora del Registro Civil, Rosa Nidia Villalobos González, se ha negado a reinscribir y restituir su identidad a los tres hermanos.
La Defensoría de los Derechos Humanos recibió la queja por parte de los hermanos Gómez Conzatti, quienes señalaron la actuación irregular del Registro Civil, por robo de identidad.
De 2018 a la fecha, la DDHPO ha documentado 105 quejas por actos que podrían constituir violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del Registro Civil.
El Ombudsperson expresa preocupación respecto a la obligación que las autoridades tienen de proteger el derecho a la personalidad jurídica de las personas en el estado de Oaxaca.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca subraya que en un Estado de Derecho, esta prerrogativa se convierte en base para el ejercicio de muchos otros derechos.
El Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán denuncia que los Registros Civil y Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria “mataron” civilmente a comuneros para robar sus tierras.
A pesar de estar vivas, declararon muertos a 22 comuneros, de un total de 1,013 personas declaradas como fallecidas, para privarles de sus derechos como personas y en especial de sus derechos a la tierra y a su territorio indígena.
El 19 de mayo de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió Medidas Cautelares a favor de 60 personas, Familiares, Amigos y Testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé.
Con fecha 6 de agosto del 2008 la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a favor de 117 personas más y solicitó al Estado Mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad física.
Y que Concierte las Medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios e Informe sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares y remover los factores de riesgo.
Denuncian que el 12 de agosto de 2018, la supuesta representación comunal agraria de Santo Domingo Ixcatlán, avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria, efectuó una asamblea de un pequeño grupo de comuneros seguidores de la familia Morales Arias.
Estos últimos son presuntamente responsables de la masacre del 30 de abril del 2008, para separar a 1,013 comuneros del padrón de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, según denuncia el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) A.C.
Y para lograrlo los declararon como fallecidos y sepultados, entre ellos a 22 beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, hechos totalmente falsos porque las personas que fueron declaradas como fallecidas están vivas.
El acta de asamblea de comuneros de Ixcatlán, Tlaxiaco, del 12 de agosto de 2018, en la que declaran fallecidos a 1,013 comuneros entre ellos a 22 beneficiarios de Medidas Cautelares que están vivos, fue avalada en oficio DRC/UJ/699/2018 del 20 de julio de 2018 firmado por el Jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca, Daniel Víctor Merlín Tolentino.
El acta fue validada por funcionarios del Registro Civil, del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria. El 7 de septiembre de 2018, el RAN efectuó la calificación registral del acta de asamblea de la supuesta Comisariada de Bienes Comunales de Ixcatlán del 12 de agosto del 2018.
Responsabilizan de la muerte legal de 1,013 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán incluyendo a 22 beneficiarios de Medidas Cautelares de la CIDH al darlos como fallecidos y sepultados, al ex Delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Javier Cañada Melecio.
Asimismo, culpan al Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil de Oaxaca, Daniel Víctor Merlín Tolentino, y a los registradores del Registro Agrario Nacional, Eduardo Daniel Gómez Padilla y Uriel López Mayoral.
El hecho fue realizado por funcionarios del Gobierno Federal y Estatal en complicidad de la familia Morales Arias, presunta responsable del triple homicidio ocurrido en Ixcatlán el 30 de abril de 2008 en el que fue privado de la vida el Secretario de Bienes comunales de Santo Domingo Ixcatlán, Melesio Martínez Robles.
CEDHAPI A.C y el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán demandan que la Fiscalía General de la Republica (FGR) investigue los hechos denunciados y que se sancione a los funcionarios responsables de los hechos.
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