Un promedio de 72 personas fueron secuestradas diariamente en México durante este año, y en muchos casos se vieron presuntamente involucrados cuerpos policiales, denunció hoy una organización civil especializada en este tema.
“El año pasado por estas fechas teníamos un promedio de 51 casos (de secuestros) por día. Este año, con datos de diciembre, tenemos 72 casos por día”, dijo en una entrevista con Efe el director del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, Fernando Ruiz.
Este grupo, creado en 1991, se especializa en la asistencia a víctimas de secuestros, realiza estudios sobre temas de seguridad e investiga casos de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad mexicanos.
Ruiz, un activista amenazado de muerte y que ha denunciado detenciones arbitrarias, rechazó que el delito del secuestro en México esté vinculado con las acciones de los grupos de narcotraficantes.
“Lamentablemente en México se ha intentado hacer creer que el ‘narco’ está detrás de los secuestros, lo cual es totalmente falso”, agregó Ruiz, quien mantiene un bajo perfil, celoso de su seguridad y quien prefirió ofrecer la entrevista telefónicamente.
Dijo que durante este año se han incrementado “bastante” los secuestros en esta capital, en los vecinos estados de Morelos y México y en los de Puebla (centro) y Jalisco (occidente), zonas en la que no hay una fuerte presencia de carteles de la droga.
Los datos que maneja esta organización sobre el número de secuestros, tomados a partir de las denuncias recibidas directamente y cotejadas con fuentes oficiales, no incluyen el secuestro “exprés”, que termina con un rescate de baja cuantía, un delito del que hay pocos datos a nivel nacional.
Tampoco incluye el “levantón” o las detenciones que realizan los grupos de narcotraficantes, y que tuvieron un promedio diario de 37 personas durante los seis años de mandato de Felipe Calderón.
Los cálculos que maneja este grupo y otras ONG mexicanas indican que sólo se denuncia ante las autoridades uno de cada diez secuestros. En la mayoría de los casos los resuelven los familiares de las víctimas, abonando el rescate exigido.
Según las autoridades mexicanas, sólo 8 de cada cien delitos de todo tipo terminan en una denuncia.
“Lamentablemente persiste esa desconfianza (hacia las autoridades), y es bastante natural”, agregó Ruiz, quien dijo que la policía y las fiscalías por “un lado son indiferentes y por otro lado cómplices de este delito”.
“En la sociedad -agregó- hay una actitud de mejor no denunciar y tratar de recurrir a negociadores independientes, o ellos intentar por propios medios la liberación de su familiar”.
El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos calcula que entre el 70 y el 80 % de los casos de secuestros en México hay una presunta participación de policías o militares, que cumplen funciones como filtrar información de las víctimas, ofrecer protección a los secuestradores o participar activamente.
De todos los cuerpos policiales que hay en México (federales, judiciales, estatales y municipales), hay una mayor participación de policías federales, “seguidos de policías de investigación o judiciales”, agregó Ruiz.
El director de la ONG fue consultado sobre la estrategia de seguridad anunciada el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, que sucedió a Calderón el pasado 1 de diciembre, y dijo que, en términos generales, “no se le encuentra ni pies ni cabeza”.
“El gran problema que tenemos en México en cuanto a seguridad está precisamente en los cuerpos que deben proporcionarnos seguridad a los ciudadanos. El primer combate que tenemos que hacer es dentro de las propias comandancias policiales”, agregó.
A pesar de que los Gobiernos de turno se han comprometido periódicamente a hacer purgas en los cuerpos de seguridad, “no vemos que esa limpieza se pueda concretar”, añadió.
Una de las medidas propuesta por Peña Nieto es crear un nuevo cuerpo de seguridad, la Gendarmería Nacional, que cubrirá los huecos que no pueden asumir otros cuerpos policiales y que estará dotada inicialmente de unos 10 mil efectivos.
Pero, para Ruiz, esa Gendarmería puede tratarse de una “réplica” de otros cuerpos de seguridad creados en el pasado, “con gente no contaminada”, y que a la larga se han convertido “en los grupos más repudiados, los que más se han involucrado en delitos de alto impacto”.
“Los propios policías se dan de alta con una intención principal: al tener el uniforme y un arma, les da poder y ese poder lo usan para cometer delitos y abusos”, insistió.
Agencias
