Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) gastó más de 2 mil 200 millones de dólares en la renovación de su emblemática sede en Nueva York, que ya tiene 65 años, uno de sus principales objetivos era reforzar la seguridad para evitar que el edificio de 36 pisos sufriera atentados.
Con una donación voluntaria de Estados Unidos, el país anfitrión, cercana a los 100 millones de dólares, la ONU instaló pilonas y otros dispositivos de seguridad que mejoran los accesos y el perímetro del predio donde más de 3 mil empleados trabajan, ahora sí, en un edificio modernizado y con eficiencia energética.
Las nuevas medidas de seguridad comenzarán a aplicarse en 2016, mientras que las obras de remodelación que se iniciaron en 2008, financiadas por los 193 estados miembros con cuotas basadas en su “capacidad de pago”, están prácticamente concluidas.
La ONU también vaciará y cerrará de forma permanente el histórico edificio de la biblioteca Dag Hammarskjold, debido a la posibilidad de que se cometan atentados terroristas desde una calle adyacente y una rampa de salida de una autopista, que el Gobierno estadounidense se niega a clausurar porque eso “no es factible” en una ciudad con tránsito tan congestionado.
Aunque valoran las medidas de protección en la sede de la ONU en Nueva York, algunos funcionarios sostienen que el foro mundial no otorga la misma prioridad a la seguridad de las operaciones de emergencia en zonas de conflicto.
Los ataques violentos que padecen los trabajadores de la ayuda internacional en el resto del mundo llevaron a la subsecretaria general de Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, a sostener que “el respeto por la bandera de la ONU y de la Cruz Roja y la Media Luna Roja está desapareciendo”.
Según las últimas estadísticas, los atentados contra el personal de la ONU aumentaron en la última década, con un récord de 264 ataques que afectaron a 474 trabajadores, solamente en 2013.
El 20 de este mes, cuatro empleados que trabajaban para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia murieron en “un horrendo atentado” en Somalia, cuando una bomba junto a la ruta destruyó la camioneta en la que viajaban.
La creciente violencia llevó al sindicato del personal de la ONU a pedir que una comisión independiente de alto nivel examine la seguridad del foro mundial.
Ian Richards, presidente de la Coordinadora de Sindicatos y Asociaciones del Personal Internacional de la ONU (CCISUA, en inglés), que representa a 60 mil empleados, confirmó que la formación de la comisión depende enteramente de la decisión del secretario general Ban Ki-moon.
“Esperamos que reconozca el hecho de que la ONU debe empezar a tomar algunas decisiones duras sobre si en realidad tiene los medios para poder operar en lugares peligrosos y proteger a su personal”, agregó.
En un comunicado, la CCISUA dijo que ya pasaron 10 años desde que se creó el Departamento de Seguridad de la ONU, tras el bombardeo del hotel Canal en Bagdad en el que en 2003 murió el representante especial del secretario general para Iraq, el brasileño Sergio Vieira de Mello.
Desde entonces, la ONU fue objetivo de numerosos atentados.
El sindicato sostiene que la comisión de alto nivel debe verificar si la ONU hace lo suficiente para proteger a su personal, si esa protección es mejor ahora gracias al Departamento de Seguridad, y si se somete al personal a riesgos innecesarios con su permanencia en las zonas en conflicto.
El CCISUA también pretende que se esclarezcan las circunstancias del último atentado en Somalia y se determine si hay responsables por las fallas de seguridad que dejan al personal vulnerable a este tipo de ataques.
El sindicato también cuestiona si las cuestiones políticas tiene prioridad por encima de la seguridad, ya que no se tomaron medidas más estrictas en Puntlandia, una zona en el noreste somalí donde Al Shaabab, un grupo terrorista vinculado a la red extremista Al-Qaeda, amenazó y atacó en varias ocasiones al personal de la ONU en Somalia.
“Los Estados miembros no están equipados de la misma forma para brindar esa seguridad. De hecho, con suma frecuencia es en aquellos países donde la capacidad es escasa o del todo ausente donde existen los riesgos más graves. Lo único que la ONU puede y debe esperar del Gobierno anfitrión es que proporcione seguridad en la medida de sus posibilidades”, señaló el Informe del Panel Independiente sobre Seguridad del Personal y las Instalaciones de la ONU en el Mundo de 2008, conocido como el informe Brahimi.
“Le corresponde a la ONU, y en particular, al secretario general y el Departamento de Seguridad, llenar ese vacío, incluso asegurando que se adopten y cumplan las políticas, procedimientos y normas adecuados, que en el caso del último atentado no habrían implicado un costo monetario” al organismo, según el comunicado de CCISUA.
El sindicato cree que la política del secretario general que establece que hay que permanecer en los lugares de conflicto para prestar servicios, junto con la de que hay que “hacer más con menos”, demostró sus límites y puso al personal en situaciones de mayor riesgo que en el pasado.
De esta manera, el sindicato pide a Ban que inicie de inmediato la revisión de las políticas de seguridad en todo el mundo e investigue las circunstancias del último atentado a la organización, para prevenir futuros ataques.
“El sindicato cree que se lo debemos a todo el personal y a las familias de las víctimas. El secretario general, como el principal funcionario administrativo de la ONU, tiene la responsabilidad inherente de procurar garantizar la seguridad” de sus empleados, concluyó el comunicado.
