Las reformas estructurales quedarían como grandes objetivos sin asidero real si no se aprobaran las reformas secundarias y reglamentarias que marcaran los puntos finos y definitivos de su aplicación en la realidad cotidiana de la población mexicana, por eso es bienvenido el esfuerzo que ya se hace en las cámaras del congreso federal para dar ese paso indispensable de la ola modernizadora que vive México.
Reforma energética, reforma al sector de las telecomunicaciones, reforma para mayor competitividad del aparato productivo, reforma al régimen de justicia, entre otras, requieren de las legislaciones normativas que determinen el alcance, los procedimientos y los parámetros de lo que se aprobó ya en el ámbito constitucional.
No se requiere de los reflectores mediáticos de lo que fue un gran ejercicio de concertación, sino de trabajo político efectivo para seguir construyendo los consensos que, sin negar ningún mérito, se requirió de las dirigencias partidarias y los grupos parlamentarios para aprobar importantes reformas en beneficio de la nación y de cada mexicano.
Ahora desde la Cámara de Diputados del Congreso Federal estamos participando, desde distintas comisiones, en este esfuerzo colectivo para culminar las reformas que incentiven el crecimiento económico, eleven la productividad de las empresas y la competitividad del país, garanticen la suficiencia y la soberanía energética, y nos preparen para mercados mundiales cada vez más abiertos y exigentes.
También reformas jurídicas para elevar la calidad educativa, fomentar la cultura, proteger el patrimonio cultural y afirmar la identidad de los mexicanos, mientras en lo material y lo comercial el país tiene que seguirse abriendo e integrando, inevitablemente, en grandes bloques económicos.
Reformas, igualmente, para profundizar la transparencia y el ejercicio de rendición de cuentas, como el dictamen que la semana pasada la diputación aprobó y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las cuales tienen como objeto:
Proteger a denunciantes y personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y establecer los requisitos que deberán contener las denuncias que se presenten ante las unidades correspondientes.
Asimismo, integrar como obligaciones a cumplir por parte de los servidores públicos el abstenerse de inhibir a los quejosos o denunciantes, así como a cualquier persona que pudiere aportar información en los procedimientos establecidos en la Ley, con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de las personas antes mencionadas.
Autorizar la presentación en forma anónima de quejas o denuncias, las cuales deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público. Además, agravar las sanciones derivadas de faltas administrativas.
Con estas reformas se fomenta la cultura de la denuncia y se avanza en la dignificación del servicio público.
En materia de combate a la corrupción, las y los diputados aprobamos también reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Con esta reforma se busca:
• Determinar que las responsabilidades resarcitorias son complementarias y no excluyen la exigencia de otras, como las de índole penal.
• Evitar que los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados a través del procedimiento resarcitorio sean contratadas, presten servicio o encargo a la Federación, en tanto no hayan solventado totalmente el monto a resarcir, de ser el caso, el contrato cesará de inmediato y se considerarán inhabilitados.
• Inhabilitar temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos a los licitantes o proveedores que omitan el pago de las sanciones resarcitorias firmes impuestas por la Auditoría Superior de la Federación, hasta que se efectúe el pago respectivo ante la Tesorería de la Federación en su totalidad.
Con estas acciones, se salvaguardan las finanzas públicas y se procuran mejores condiciones para el Estado en la contratación de bienes y servicios.
Una reforma fundamental para fortalecer los acervos bibliográficos de las escuelas públicas del país es el Decreto que dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal Digitalizado de sus publicaciones.
Esta reforma tiene por objeto
• Establecer la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales de entregar ejemplares en versión digital e impresa de cada publicación de las ediciones y producciones de sus obras a la Biblioteca Nacional, a la Hemeroteca Nacional, al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y a las bibliotecas de los congresos de las entidades federativas, acompañados de una relación en formato digital con los datos para su catalogación.
De esta manera, desde la Cámara de Diputados seguiré sumando mi voz y mi voto a las reformas que necesitan México y Oaxaca, para su modernización, crecimiento, transparencia y ampliación de su patrimonio cultural.
