Se aprobó la Ley de Competencia Económica en el Senado de la República y la minuta la hemos recibido ya en la Cámara de Diputados, pero las leyes secundarias para regular las telecomunicaciones y para dar contenido concreto a la reforma política han polarizado las posiciones, ante la prevalencia de intereses partidistas y hasta personales en algunas dirigencias partidistas y bancadas parlamentarias.
Ante esta atmósfera de crispación lo que debe privar, como ocurrió en la etapa de aprobación de las reformas constitucionales, es la preeminencia del interés nacional, la representación genuina de la voluntad general, para poder procesar las distintas iniciativas y obtener los mejores frutos legislativos. Legislar a tiempo, respetando los plazos legales, pero sobre todo legislar bien, pensando en el presente y en el futuro de la población mexicana.
En el caso de la reforma al sector de las telecomunicaciones es preciso respetar la letra y el espíritu de la reforma constitucional, una reforma de amplio consenso: abrir los distintos segmentos de mercado del sector, telefonía, televisión, radio, internet, a más competidores para mejorar la calidad de los productos y servicios y para abatir precios para los consumidores.
En el caso de la reforma política, no se puede partir de cero, haciendo a un lado los avances sustanciales que ya tenían suscrito todas las fuerzas políticas para impulsar ahora contenidos de una artificial mayoría opositora al PRI, sólo por un prurito opositor, una actitud que ya se había superado en otra etapa de las reformas estructurales, donde la premisa era la búsqueda de lo que más favorecía a México y no lo que más beneficiaba o perjudicaba a algún partido o bloque parlamentario.
La clave para superar este momento de empantanamiento de las negociaciones de reformas que necesita el país, sobre todo en lo relativo a las telecomunicaciones y la legislación electoral, es poner nuevamente el interés nacional por delante en las mesas donde hoy se discute el contenido específico de las reformas, las comisiones del congreso, proyectos de cambios y adiciones a las leyes secundarias que después deben ser ampliamente debatidas en el pleno de ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Pero eso no significa que no se esté legislando en otras importantes áreas de política pública. La semana pasada los diputados federales aprobamos reformas al artículo 36 de la Ley General de Salud, para eximir del cobro de cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento y hasta los cinco años cumplidos, siempre y cuando no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.
Para el cumplimiento de esta disposición, y para preservar su espíritu social, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre dentro de los deciles uno a cinco de la distribución de ingreso establecidos por la Secretaría de Salud.
También reformamos el artículo 63 de la Ley General de Protección Civil para depurar y clarificar las reglas y procedimientos administrativos y garantizar el uso adecuado de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) bajo los principios de eficacia, honradez, transparencia y racionalidad.
Las modificaciones eran indispensables no solo por la grave incidencia de desastres naturales de diversa índole que han sufrido varias regiones del país durante los últimos años, sino porque repercutirán en una gestión más oportuna y transparente de los recursos para asistir a los municipios afectados por estos fenómenos y, de esta manera, los programas de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas cumplan con su objetivo de mitigar el daño a la población mexicana que sufre los efectos devastadores de las contingencias meteorológicas, telúricas y de cualquier naturaleza.
En materia de derechos humanos, en la diputación federal reformamos los artículos 10 y 18, y se adicionaron los artículos 10 Bis y 10 Ter de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para regular el procedimiento de elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los integrantes de su Consejo Consultivo y, de esta manera, hacer el procedimiento más abierto y transparente para garantizar el perfil profesional y la independencia de quienes encabecen a ese importante órgano autónomo.
En materia de igualdad entre mujeres y hombres, se reformaron los artículos 16, 38 y 42 de la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres para fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en las campañas de publicidad gubernamental o institucional, mediante la eliminación de estereotipos en función del sexo de las personas.
En materia de medio ambiente, los diputados aprobamos una reforma al artículo 3o. de la Constitución Política, por la que se adiciona como principio rector de la educación que imparte el Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, el del “cuidado del medio ambiente”, para fomentar en las nuevas generaciones la necesidad de proteger el medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Algo muy importante, y que hemos impulsado desde la Comisión de Cultura y de manera personal con una iniciativa en lo relativo a Monte Albán, es una reforma aprobada en materia de patrimonio histórico por la que se modificaron los artículos 2 y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Estas reformas definen los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos como bienes de utilidad pública que tienen un alto impacto social, por lo que debe fomentarse el arraigo y el desarrollo social de las comunidades aledañas a estas zonas, con lo cual se imprime un sentido social al patrimonio histórico y artístico del país y de Oaxaca.
De esta manera, desde la Cámara de Diputados del congreso federal seguiré sumando mi voz y mi voto para reformar el andamiaje legal del país y para coadyuvar a la construcción de un México y un Oaxaca más igualitarios, solidarios, sustentables y orgullosos de su cultura.
