Supongo que no fue por descuido que el Senado de la República no envió a la Cámara de Diputados la minuta con once reformas políticas hasta el día anterior a la clausura del período ordinario de sesiones, y que la intensa y costosa campaña de medios contra los diputados se inscribió en la lógica preelectoral.
Lo que no acabo de entender para qué sirvió todo eso, como no fuera para debilitar a las instituciones de la República. Las actitudes y declaraciones de los senadores, abonaron a la percepción pública de que los diputados frenaron la reforma política con fines aviesos.
Han pasado seis meses desde aquel 28 de abril y la Cámara de Diputados analizó las implicaciones de las once propuestas del paquete de su colegisladora, armó debates en comisiones, consultó a las fracciones parlamentarias y construyó consensos a favor de nueve de las once propuestas del Senado. Las reformas aprobadas en lo general el martes inciden en distintos aspectos de la vida pública.
No se aprobaron dos iniciativas que habrían afectado el equilibrio de poderes: la facultad al Ejecutivo Federal para hacer observaciones al Presupuesto, que equivaldría a dar al presidente derecho de veto sobre el paquete económico, y la reconducción presupuestal, que mantendría vigentes el presupuesto y la Ley de Ingresos del ejercicio anterior en caso de que al inicio del año fiscal no estuvieran aprobados los nuevos.
Tres de las reformas instauran figuras de la democracia participativa que, se espera, complementarán a la democracia representativa. Los senadores, primero, y los diputados, después, pusieron candados para que el titular del Ejecutivo Federal los mecanismos participativos no se manipulen para retorcer la democracia e ignorar a las instituciones con el pretexto de la voluntad popular previamente inducida por la publicidad.
Se aprobaron la iniciativa ciudadana, la consulta popular y las candidaturas independientes de los partidos. No son mecanismos fáciles de operar y deben ser protegidos para que no se conviertan en vehículos de pulsiones autoritarias o, peor aún, en medios para que los poderes fácticos legales e ilegales accedan al poder político.
La iniciativa ciudadana permitirá que grupos de cuando menos el 0.13% de la lista nominal de electores, pueda proponer iniciativas de nuevas leyes o de reformas a las existentes, facultad que hasta ahora tenían sólo el presidente de la República, los senadores y diputados federales y los congresos locales.
A través de la consulta popular se tomarán algunas decisiones de gran importancia nacional. Este es uno de los mecanismos más usados por gobiernos de talante autoritario para legislar, como el de Hugo Chávez en Venezuela o el de Evo Morales en Bolivia.
En el caso de México, se tomaron previsiones: primera, que el Congreso de la Unión sea la única institución facultada para convocar a una consulta popular a petición del presidente de la República, de un tercio de los diputados federales o senadores o de ciudadanos que sumen el 1% de la lista nominal de electores.
Para que sea vinculatorio un asunto votado en consulta popular, ésta deberá haber tenido una participación mínima de 25% de la lista nominal.
Jorge G. Castañeda y otros, han luchado por la aprobación de la figura de candidatos independientes. Con la reforma aprobada por los diputados, podrán ser candidatos a cualquier cargo de elección popular, pero los términos en que lo hagan serán definidos en una legislación secundaria, que se expedirá en un término máximo de un año.
Esta es una de las reformas que ofrece más altos riesgos. La legislación secundaria debe definir requisitos: un número mínimo de ciudadanos que respalden una candidatura, el acceso del candidato a las prerrogativas que marca la ley, en especial los recursos públicos para la campaña, la representación del candidato ante los órganos electorales, las aportaciones privadas para las campañas y la comprobación de su monto y origen, y muchos detalles más que debe cuidar el legislador para evitar que este mecanismo se convierta en vehículo de intereses ilegítimos que buscan del poder político.
De las otras reformas, para no abusar de la paciencia del lector, menciono tres que me parecen relevantes: el aumento de 30 a 40 por ciento de la votación que debe tener un partido en el Distrito Federal para que le otorguen el número necesario de diputados plurinominales para alcanzar mayoría simple.
La segunda es la sustitución automática del presidente de la República en caso de ausencia total por uno de tres funcionarios, en este orden: Gobernación, Hacienda y Relaciones. Quien ocupe la Presidencia lo hará mientras se reúne el Congreso y elige al presidente sustituto o interino. La tercera reforma es que el presidente podrá rendir su protesta constitucional ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que, por motivos ajenos a su voluntad, no pueda hacerlo ante el Congreso General. Estas dos reformas previenen al país de una grave crisis política en circunstancias para las que no estábamos preparados.
