Grupo Mesófilo A.C.
Consejero por las OSC en el Consejo Estatal Forestal de Oaxaca
El pasado 21 de febrero la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), sin realizar consulta previa a los principales actores del sector forestal: las comunidades y ejidos forestales del país. La propuesta de nueva Ley tiene numerosos errores, vacíos y omisiones que significan importantes retrocesos en materia de participación social, rendición de cuentas y de arreglos institucionales.
Organismos de la sociedad civil como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Reforestamos México A.C., y organizaciones sociales como la RedMocaf y la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO) solicitaron en varias ocasiones a la COMARNAT que antes de aprobar la propuesta de modificación de la LGDFS que presentaron el Partido Verde y la CONAFOR, se realizara un amplio proceso de consulta con los principales actores del sector forestal: comunidades, organismos de la sociedad civil, académicos, e industriales.
Esta demanda fue ignorada por la Comisión, y sin consulta alguna, la propuesta del Partido Verde y CONAFOR fue aprobada. ¿Cuáles son los principales retrocesos y omisiones en esta nueva LGDFS?
La más importante es el cambio que tendrá ahora el Consejo Nacional Forestal (CONAF) principal organismo de consulta y participación de todos los actores del sector forestal. Con esta reforma la participación social queda reducida a un simple espacio de consulta sin fuerza, cuando anteriormente el CONAF funcionaba como un órgano de asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política forestal y de los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley.
La composición y reglamento del CONAF queda ahora en manos de la SEMARNAT y la CONAFOR, quienes decidirán cómo se integrará este Consejo y además establece que desde estas instituciones se decidirán los reglamentos de los Consejos Forestales Estatales, dejando de lado la soberanía de las entidades federales.
En Oaxaca, esto puede significar un grave retroceso, ya que el Consejo Estatal Forestal de Oaxaca (CEFO) ha tenido una historia propia y dinámica con una gran participación de las comunidades forestales que se encuentran representadas por las directivas de sus organizaciones regionales. Este avance que ha sido un ejemplo a nivel nacional en el funcionamiento de los Consejos Estatales, corre el riesgo de desaparecer por esta visión autoritaria en la LGDFS.
Otras decisiones controvertidas son el transferir la función de autorizar los permisos de aprovechamiento forestal de la SEMARNAT a la CONAFOR, generando así una concentración de funciones y atribuciones en una sola institución, y perdiéndose así los contrapesos necesarios entre instituciones que forman parte del mismo sector.
Otra decisión que va en sentido contrario a las buenas prácticas de gobierno, como son la rendición de cuentas y transparencia, es que el Comité Mixto del Fondo Forestal cambia de ser un órgano asesor, en vez de ser un órgano de gobierno.
Algunos avances que se tenían y se han perdido son: i) En servicios técnicos forestales, se pierden los avances que se tenían como es el de cambiar de un esquema de registro prácticamente vitalicio a otro sujeto a evaluación por resultados; establecer un catálogo de especialidades de acuerdo con el tipo de ecosistema, tipo de actividad y grado de responsabilidad y abrir la participación a los profesionistas o técnicos de campo que tengan la competencia y capacidad para desempeñarse en las distintas tareas, niveles de responsabilidad y ecosistemas.
- ii) Contempla la posibilidad de incluir la manifestación de impacto ambiental en el plan de
manejo, cuando se den los supuestos que la hacen obligatoria, cómo se encuentra ya en la
actual Ley vigente. Sin embargo, ahora no se otorga la facultad expresa de integrar la MIA al programa de manejo forestal para seguir un solo trámite administrativo como se encontraba en dicho artículo, sino que a través del cambio al verbo “podrá”, se deja de manera facultativa a la autoridad dicha decisión (artículo 68 del dictamen). Se debería subsanar esto en la propia LGDFS y adecuar lo correspondiente en la LGEEPA.
Propuestas que hicieron estas organizaciones para mejorar la LGFDF como son el incluir la protección de los derechos de comunidades y pueblos indígenas, para la igualdad de género, la equidad étnica y la inclusión de personas con capacidades diferentes, no fueron tomadas en cuenta.
Se excluyó además la propuesta de crear un Sistema Nacional de Salvaguardas, como un instrumento de la Política Forestal, a tono con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la vinculación con ordenamientos internacionales.
No incorpora el nuevo esquema desarrollado por la Comisión de Legislación del CONAF, de promover a las Unidades Regionales de Manejo Forestal con enfoque territorial, concurrente,
descentralización, planeación, ordenamiento territorial, organización y mejora de capacidades para reducción de peso regulatorio, costos de gestión y posibilidad de acciones de alcance estratégico.
Tampoco se hace referencia a desarrollar mecanismos para impulsar una descentralización real de facultades en materia forestal a los Gobiernos de las Entidades Federativas. Existen más consideraciones al respecto de esta nueva Ley, que se pueden revisar en la siguiente liga: http://files.constantcontact.com/83b41ac7001/e4d1c026-ec20-440c-9715-cfa983d69748.pdf
Por lo pronto, queda alzar la voz e impulsar que en la Cámara de Diputados se realicen los cambios necesarios para no tener una ley regresiva.
Además, en el estado de Oaxaca debemos reforzar el modelo de silvicultura comunitaria que ha resultado exitoso y ejemplo a nivel nacional e internacional. Y pensar entonces, si esta LGDFS se mantiene como se ha presentado, buscar una forma de proteger los avances alcanzados en Oaxaca a través de su Comisión Estatal Forestal, los Comités Regionales de Recursos Naturales, la Unión Estatal de Silvicultores en materia de gestión forestal en favor de las comunidades forestal del estado.
¿Por qué no pensar entonces en promover una Ley Estatal de Manejo Forestal Comunitario en Oaxaca?
