Jaime GUERRERO
El titular de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Oaxaca, celebró la reciente aprobación de la Reforma Constitucional al poder judicial por parte del Congreso de la Unión y el Congreso del Estado.
La reforma al Poder Judicial, establece que los puestos de ministros, magistrados de Circuito y jueces de Distrito sean designados por medio de elección popular.
Se crearon la figura de jueces sin rostro para casos de crimen organizado.
El documento, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, y diversas propuestas de diputadas y diputados, sustituye al Consejo de la Judicatura Federal por el nuevo Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno.
Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Entre los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.
El Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda.
Los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo.
Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
El Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo.
El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.
Para el Fiscal de Oaxaca, sin duda, la reforma constituye un paso fundamental hacia un sistema de justicia más equitativo y
democrático en México.
“Con este acontecimiento, se abren nuevos caminos para construir un
andamiaje jurídico institucional en el que la ciudadanía se sienta más próxima a quienes imparten
justicia en nuestro país”, afirmó.
Rodríguez Alamilla, reconoció que el reto será siempre cómo generar propuestas creativas que impacten no sólo en un mejoramiento en el acceso a la justicia, sino también en un ejercicio más democrático de los derechos humanos.
La elección de personas juzgadoras tanto a nivel federal como local, el
establecimiento de un plazo límite para dictar sentencias, la creación de un órgano nacional de formación y certificación de operadores jurídicos, entre otros aspectos destacables en esta reforma, representan un nuevo capítulo en la historia de México en su transitar hacia mejores modelos de
justicia, destacó.
Reconoció que, en el diseño institucional la única constante es el cambio, “por ello, damos la bienvenida a este importante suceso de la vida nacional y reconocemos la obligación, como institución procuradora de justicia, de transformanos y realizar las adecuaciones necesarias, en beneficio de la ciudadanía, para estar acorde a la nueva realidad que esta reforma plantea”.
