La semana pasada se presentó ante la Cámara de Diputados un conjunto de iniciativas de reforma para ampliar, transparentar y eficientar el sistema financiero mexicano, es decir, dar más facilidades a los particulares para el acceso al crédito y abaratar los costos, medidas que permitan dinamizar la economía y acceder a los estándares de desarrollo que la apertura por sí sola no ha podido concretar en nuestro país.
Se trata de una de las reformas estructurales más importantes que cuenta con el aval no sólo del presidente Enrique Peña Nieto sino de las principales fuerzas políticas nacionales en el marco del Pacto por México, lo cual augura su aprobación no sin antes un intenso debate en ambas cámaras del congreso federal.
Una de las grandes asignaturas pendientes del azaroso proceso de modernización que vive México, desde que decidió abrir su economía en la década de los noventa, es precisamente la reforma de su sistema financiera, pues la inversión extranjera sólo generó la desnacionalización de la banca mexicana pero no elevó la eficiencia de los servicios financieros: no facilitó el crédito a empresas y familias, y sobre todo no disminuyó el margen de intermediación entre las tasas activas y las pasivas.
El tema no es menor: es del dominio común que sin acceso al crédito y sin tasas competitivas a nivel internacional ninguna economía prospera. Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, es el caso paradigmático de una economía que más allá de sus complicaciones de coyuntura se mantiene gracias a la disponibilidad del crédito para las empresas y las familias.
En México en cambio, pese al enorme potencial que representa una economía de 110 millones de habitantes y la frontera de tres mil kilómetros con el mercado más grande del mundo, el crédito no es una palanca para la creación y la expansión de las pequeñas y medianas empresas ni facilita a los particulares el consumo de bienes y servicios en tasas razonables y competitivas.
Esta situación de todos pierden, excepto las grandes instituciones financieras, deriva en buena medida de la carencia de un marco jurídico que dé certeza a las operaciones de crédito para el cobro de los empréstitos en caso de insolvencia o simple indisposición del deudor para cubrir el compromiso financiero y también de la falta de transparencia en el mercado financiero para que el usuario tenga el pulso de las distintas ofertas y condiciones de crédito.
Como es muy oneroso, incierto y desgastante el proceso jurisdiccional para hacer efectivo un crédito, el público usuario termina pagando con tasas altas las ineficiencias, opacidades y distorsiones del mercado financiero.
Por la falta de regulación legal, miles de mexicanos han perdido también sus ahorros depositados en instituciones financieras a quienes después no se les pueden fincar cargos de manera expedita. En Oaxaca en particular hemos padecido este lastimoso fenómeno los últimos años.
De ahí la pertinencia del paquete de iniciativas de reforma al sistema financiero presentada por el titular del poder ejecutivo a la Cámara de Diputados por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
La información, el asesoramiento y la protección de los usuarios de los productos y servicios financieros es un eje fundamental de la operación eficaz de cualquier sistema financiero; por eso se requiere de la instrumentación de acciones que promuevan la competitividad de las instituciones, así como dotar de nuevas herramientas a las autoridades protectoras de los intereses de los usuarios.
Por eso con la reforma se adecuará el marco jurídico vigente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y reorientará su objetivo en beneficio primordialmente del usuario, pues se prevé dotar a la CONDUSEF de facultades para emitir recomendaciones a las Instituciones Financieras y hacerlas del conocimiento de sus organismos o asociaciones gremiales, así como del público en general.
Con la reforma, de prosperar como todo parece indicar dado el consenso de las principales fuerzas políticas, habrá también un Sistema Arbitral en Materia Financiera, que ofrecerá un nuevo procedimiento de solución de controversias que garantice la imparcialidad, celeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el mayor beneficio para las partes.
En la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se contempla para las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la obligación de registrar ante la CONDUSEF las comisiones que cobran por los servicios de pago y créditos que ofrecen al público, así como sus respectivas modificaciones.
Forma parte de la reforma financiera también la iniciativa para introducir reformas y adiciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. No es necesario abundar en la cantidad de problemas que ha generado en miles de familias la falta de regulación en esta materia.
También se reformará el andamiaje legal que regula la banca de desarrollo en México para que ahora sí sea un instrumento que apoye a gobiernos y particulares en la tarea de incentivar el despegue de la economía y generar los empleos que las nuevas generaciones demandan.
Mi voto en la Cámara de Diputados será para crear un nuevo marco legal que modernice el sistema financiero mexicano y lo consolide como una palanca del crecimiento económico y el bienestar de los mexicanos.
