durante conferencia en Palacio Nacional donde se presentó la iniciativa de Reformq Electoral.
FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
#JaimeGUERRERO
La Cámara de Diputados recibirá este miércoles la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea una reestructuración profunda del Congreso de la Unión, nuevas reglas de austeridad para partidos y autoridades electorales, y mecanismos inéditos para blindar las campañas contra el financiamiento ilícito y la influencia extranjera.
Menos senadores, mismo número de diputados
La propuesta modifica la integración del Senado al reducir las senadurías de 128 a 96, mediante la eliminación total de las 32 curules de representación proporcional.
En la Cámara de Diputados se mantienen los 500 integrantes —300 de mayoría relativa y 200 plurinominales—, pero se transforma el mecanismo de asignación de estos últimos para evitar lo que los promotores de la reforma denominan designaciones “cupulares”.
De los 200 escaños de representación proporcional, 100 corresponderán a los candidatos que, sin haber ganado en su distrito, obtuvieron los mejores porcentajes de votación para su partido —los llamados “mejores perdedores”—, y los otros 100 se cubrirán mediante listas regionales que incluirán espacios para mexicanos residentes en el extranjero.
Recorte al presupuesto partidista y topes de sueldo
En materia de austeridad, la reforma reduce la fórmula del financiamiento ordinario a partidos: el porcentaje aplicado al valor de la UMA multiplicado por el padrón electoral baja del 65% al 48.75%.
El tiempo diario que el INE tiene disponible en radio y televisión para fines electorales también se recorta, de 48 a 35 minutos.
Para los funcionarios del INE, los organismos locales electorales (OPLES) y los tribunales electorales, la iniciativa fija un tope salarial vinculado al ingreso de la titular del Ejecutivo federal: ninguno de estos servidores podrá percibir una remuneración superior a la de la presidenta de la República.
Prohibición del efectivo y reportes diarios a bancos
Uno de los ejes centrales de la reforma es el control del financiamiento. Todas las aportaciones privadas a partidos y candidatos deberán realizarse mediante transferencia electrónica o instrumentos financieros nominativos; el efectivo quedará expresamente prohibido.
Las instituciones financieras y quienes realicen actividades consideradas vulnerables —como la compraventa de activos virtuales— deberán reportar diariamente al INE las operaciones de partidos y candidatos durante los periodos de campaña.
Además, se prohíbe de forma explícita que partidos o candidatos reciban recursos de gobiernos extranjeros, fondos de inversión o personas físicas del exterior.
La reforma también establece una coordinación obligatoria entre el INE, autoridades de seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera para el intercambio de información en el proceso de registro de candidaturas.
IA etiquetada y voto electrónico
En el ámbito tecnológico, la iniciativa exige que todo contenido electoral modificado mediante inteligencia artificial lleve una etiqueta que lo identifique como tal.
Las plataformas digitales y las concesionarias de radio y televisión serán responsables de detectar y advertir sobre material no etiquetado.
Asimismo, la reforma faculta el uso de tecnologías de la información para la emisión del voto en consultas populares.
Democracia directa con rango constitucional
La propuesta eleva a rango constitucional los mecanismos de democracia directa en estados y municipios.
Se reconoce el derecho a consultas populares, referéndums y plebiscitos locales, con carácter vinculante cuando participe al menos el 40% de la lista nominal.
Quedan excluidos de estos ejercicios temas como impuestos, seguridad nacional e infraestructura en ejecución. Los gobernantes podrán promover la participación ciudadana en dichos mecanismos, siempre que no influyan en el sentido del voto.
También se constitucionaliza la garantía de espacios para personas indígenas, afromexicanas y grupos subrepresentados mediante acciones afirmativas, y se establece que quienes aspiren a una diputación por la cuota de residentes en el extranjero deberán acreditar al menos tres años de residencia fuera del país.
