México atraviesa por una difícil situación en materia de Gobernabilidad y seguridad pública, presentando crisis en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, a lo que diversos analistas han denominado o definido como estado fallido. De facto, hay una ausencia del estado en varias regiones del país.
El llamado pacto por México, fijo varios puntos en la Agenda Nacional, que el Gobierno Federal califico de prioritarios, sin embargo, este pacto se ha convertido en la instancia que decide el rumbo del país, nulificando la división de poderes, ahí se hacen acuerdos, se construyen leyes y se ordena a los otros poderes su validación. El tan aplaudido pacto se ha convertido en una instancia que está poniendo en peligro la incipiente democracia en el país. Sirviendo solo a los intereses de los poderosos.
El supuesto primer gran logro de este pacto fue la Reforma Educativa, después de su promulgación el 25 de febrero, vino la gran cortina mediática que oculto su verdadero contenido, la detención de la cacique sindical Elba Esther Gordillo Morales. Sin embargo, una vez impuesta la reforma, esta desenmascara la actual política educativa mexicana, que privilegia el factor de las políticas económicas, mirando a la educación desde un enfoque reduccionista, como un motor de desarrollo para producir fuerza laboral, como lo afirmó Enrique Peña Nieto en su discurso del primer informe de gobierno; bajo esa lógica solo se fomentan las desigualdades, siendo una amenaza a uno de los principales valores de la educación, la democracia.
La Constitución establece que la educación: es un derecho, además de que es gratuita, laica y obligatoria, el primer aspecto es decir, la gratuidad, es una obligación del Estado, que debe permitir que este servicio llegue a una población amplia, sobre todo a la de pocos recursos económicos, es decir, este servicio debe ser igual para todas las personas, debe estar al alcance de todos con la finalidad de contribuir a extender y democratizar el derecho a la educación. Contrario a ello, la actual política pública educativa, aumenta las desigualdades sociales, reduciendo la posibilidad de que las niñas y los niños tengan acceso a la Educación, de acuerdo a los agregados impuestos en la reforma a la Ley General de Educación se trasladan cargas económicas a los padres de familia para resolver las necesidades de las escuelas, se olvida que la Educación es un derecho humano y un fin en sí mismo, que debe ser garantizado por el Estado, tendiente a preparar a ciudadanos responsables que participen en la vida pública, con valores como el respeto a la dignidad humana, al medio natural, a la diversidad, a la solidaridad y a la paz, esta sociedad requiere de hombres y mujeres formados integralmente para el desarrollo y transformación de la sociedad, capaces de adoptar una posición reflexiva y crítica, con un espíritu democrático, tendiente a elevar las condiciones de vida de los pueblos.
Ese, es el sentido que dejo de lado la mal llamada reforma educativa, trastocando el espíritu del artículo tercero constitucional, porque para preservar el principio democrático de la educación, es necesario primero enfrentar problemáticas como la desigualdad y la pobreza; problemas que han aumentado en nuestro país y en específico en Oaxaca, tales como la desnutrición, el alza de precios, la carestía de la vida, la desescolarización de niños obligados a trabajar, la disminución de la producción agrícola, la discriminación, y sobre todo la falta de presupuesto educativo, Oaxaca es una de las entidades que menos recursos recibe de la federación, etc., problemáticas pendientes en la agenda gubernamental, y peor aún, fomentadas desde las actuales políticas del Estado, mientras persistan no podrá existir “calidad” en la educación que se imparta.
Si el servicio profesional docente fuera un medio para la transformación de la educación, seria valido su establecimiento, pero mientras su objetivo sea como lo establece la nueva ley del servicio profesional docente, violentar los derechos de los trabajadores cambiando el régimen laboral de los educadores, desconociendo su estabilidad en el empleo, entonces nada tiene que ver con la calidad de la educación, y menos con ser un eje transformador de la misma. Lo urgente es garantizar el pleno derecho a la educación, siendo necesario: empezar a debatir sobre el nuevo modelo pedagógico que requerimos para contar con una educación integral, que tenga como finalidad que el estudiante aprenda a pensar, a reflexionar, a resolver problemas de su entorno. Para esto, se deberá armonizar el marco jurídico vigente que garantice el nuevo modelo pedagógico integral que requiere nuestro país.
Urge se escuchen las opiniones de los diversos sectores como lo marca el texto constitucional, tomando en cuenta que la educación es siempre un proceso en movimiento, un proceso en constante evolución, y los maestros queremos que la educación se transforme, que los procesos educativos sean progresivos, libres, transformadores, y no que sean sometidos, limitados, inducidos, tecnocráticos y resultado de imposiciones como lo ha sido la mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias, que anulan el principio democrático de la educación.
El desdén con el que la clase política mira la protesta que va en aumento en diferentes partes del país, es un gran error, finalmente, lo deseable ante este escenario y coyuntura política nacional, es que las partes involucradas (poder Ejecutivo, SEGOB, SEP, Legislativo, INEE y docentes) no cancelen la posibilidad de dialogo, para discutir los puntos más álgidos de la reforma y encontrar juntos una solución, que sin duda existe, la cual contribuya a darle una salida al actual conflicto, logrando acuerdos que tiendan a mejorar el proceso educativo. Los maestros debemos dar todas las batallas, y agotar todas las rutas que sean necesarias para defender nuestros derechos y la educación pública, privilegiando como siempre la vía pacífica. Que sea el diálogo la forma de dirimir las diferencias.
Prof. Azael Santiago Chepi
