La reforma constitucional en el área estratégica de las telecomunicaciones, aprobada ya en la Cámara de Diputados y en vías de cubrir todo el proceso legislativo, es una medida de amplio consenso que promoverá la competencia en el sector, incentivará el desarrollo tecnológico y, lo más importante, mejorará la calidad de los servicios con una reducción significativa de costos para los consumidores.
Reforma añejamente demandada por la sociedad mexicana, cubrió ya su primera etapa con el voto aprobatorio de la diputación la madrugada del viernes 22, y se espera que se apruebe también por el Senado de la República y la mayoría de legislaturas estatales, ya que fue respaldada por las principales fuerzas políticas nacionales, quienes suscribieron la iniciativa junto con el presidente Enrique Peña Nieto, en el marco del Pacto por México.
Si alguna frase define a esta reforma, es que el Estado mexicano reasume la rectoría en el sector de las telecomunicaciones, dicta nuevamente las reglas del juego y las pone al servicio de los mexicanos, no de los poderes privados.
Se reformaron los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Carta Magna, con los cuales se terminarán los monopolios o el dominio avasallante de agentes altamente posicionados que por décadas distorsionaron el mercado, tuvieron privilegios fiscales, eliminaron a quienes osaban ingresar a una competencia ostensiblemente desleal y por momentos subordinaron al poder público.
El diagnóstico y la necesidad de la reforma en materia de telecomunicaciones habían sido señalados ya por distintos especialistas nacionales y por diversas agencias internacionales.
La Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OCDE), por ejemplo, había demostrado en estudios comparativos entre sus miembros, los altos precios que persisten en el mercado mexicano debido a la falta de competencia, la nula entrada de nuevos actores y la baja penetración de los servicios entre la población.
“…El mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola compañía que tiene 80 por ciento del mercado de telefonía fija y 70 por ciento del de telefonía móvil. La deficiente competencia ha dado por resultado una escasa penetración (suscriptores por cada 100 habitantes) en los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, lo que coloca a México en los lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 países de la OCDE. En relación con los países de la OCDE, México ocupa el último lugar en términos de inversión per cápita. Los margenes de rentabilidad del incumbente (primera empresa en llegar al mercado) casi duplican el promedio de estos mismos países”.
Para ilustrar con números la dimensión económica de las distorsiones del mercado, la ineficiencia del sector mexicano de las telecomunicaciones -resume este acreditado organismo internacional-, se estima en 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Para el periodo 2005-2009 este porcentaje significó alrededor de 129 mil 200 millones de dólares.
Esta situación ya no se prolongará más. Con la reforma constitucional que la diputación entregó a la sociedad mexicana se establecerán condiciones de competencia plena y equitativa en el área de las telecomunicaciones; se beneficiará a los consumidores; se abatirán tarifas, que como ya vimos, son de las más altas del mundo, y se promoverá la inversión productiva y la innovación tecnológica.
En abono de una competencia sana y diversificada, se incluye una cláusula de reciprocidad para permitir la inversión extranjera en radiodifusión hasta en un 49 por ciento, siempre que existan las mismas condiciones en la legislación del país de origen de quien o quienes pretendan invertir en el sector.
Para reducir los privilegios en el sector, los concesionarios que sean declarados por el IFETEL como agentes económicos preponderantes no se beneficiarán de la gratuidad de que antes disfrutaban, ni por sí ni a través de terceros, de los contenidos de radiodifusión y televisión abierta.
Se incorpora el acceso a internet como un derecho tutelado, un deber del Estado de garantizar los servicios de radiodifusión, televisión abierta y móvil, telefonía y telecomunicaciones en general, incluida la banda ancha.
Se incorpora la obligación de observar el criterio de la equidad de género en los contenidos difundidos en todas las vías y modalidades del sector de las telecomunicaciones.
Algo muy importante es que con la reforma se reconoce como derecho humano el acceso de la población mexicana a los servicios de telecomunicaciones, en cualquiera de sus modalidades, de infraestructura y comunicación, radio y televisión, banda ancha e internet.
No menos importante, y de significado particular para mí como profesional de la salud, es que se salvaguarda el interés de los consumidores y en especial el interés de la población infantil, al prohibirse la publicidad engañosa y establecer, de manera explícita, que los contenidos para las niñas y los niños deberán respetar su condición de infantes y en particular preservar su salud.
En suma, la reforma en telecomunicaciones logrará no sólo más competencia en servicios de radio, telefonía abierta y móvil, televisión y acceso a internet de banda ancha, además favorecerá la calidad, menores costos, mayor cobertura y mayor certidumbre jurídica, atributos que impulsarán la competitividad y el crecimiento económico del país y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
Mi voto en la Cámara de Diputados del congreso federal seguirá siendo a favor de leyes y reformas, en la Constitución y en leyes secundarias, que transformen la realidad nacional y nos inserten a plenitud en el siglo XXI toda la población mexicana y oaxaqueña.
Si esas reformas estructurales, largamente demandadas, siguen proviniendo de acuerdos amplios, del voto de las principales fuerzas políticas nacionales en las cámaras legislativas, ese tránsito hacia la modernidad y el desarrollo será más ágil y más eficaz en beneficio de todos y todas.
Artículo publicado hoy en el diario Noticias de Oaxaca.
