El triple asesinato cometido contra dos niñas y una mujer adulta en El Huamuche, Santiago Ixtayutla, Oaxaca, sacó a la luz pública la precariedad en materia de seguridad y atención social que se vive diariamente en esa comunidad de la región de la Costa, sumado al desvío de recursos por parte de sus exautoridades.
La responsabilidad de salvaguardar la integridad física de más de 25 mil habitantes, distribuidos en 28 comunidades, recaen en 18 elementos de la Policía Municipal de los cuales sólo ocho se encuentran armados.
Recibí un viejo y casi inservible parque vehicular -patrullas-, relató el edil de Ixtayutla de extracción morenista, Gerardo García Velasco quien entró en funciones el 01 de enero del 2020 y quien responsabilizó a su antecesor Miguel Cruz Quiroz de sustraer los recursos económicos del Ayuntamiento.
El hecho de violencia ha impactado a la comunidad indígena, la cual no cuenta con la capacidad de hacer frente a este tipo de situaciones debido a que jamás se había registrado un caso de esta magnitud, continuó el munícipe.
La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI), reveló que en el 2016 la población se ubicó en el octavo lugar, de una veintena de estas, en donde se registró el mayor índice de pobreza y marginación con el 78.5 por ciento en esta situación.
En el 2019, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), implementaron una estrategia denominada E40 para atender y combatir la situación de precariedad de por lo menos 40 municipalidades de la entidad, entre ellos Ixtayutla, conocido como “Lugar de calabazas blancas o saladas”.
Sin embargo, los programas y proyectos no han aterrizado en la población que se ubica a más de nueve horas de la capital oaxaqueña y unas tres del distrito de Jamiltepec, al que pertenece. La población forma parte de una serie de comunidades que han rechazado el “Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable PH Río Verde”, promovido por la empresa Generación Enersi S.A. de C.V.
Del crimen
La casa de madera y adobe del campesino Jesús Merino Merino fue rafageada, la tarde del sábado 25 de enero, por más de 50 cartuchos de escopeta. Teresa Quiroz Martínez de 32 años quedó tendida en el piso de tierra junto con sus dos hijas de tres y siete años de edad.
Jesús, al igual que Angélica y Alma Delia, así como otros dos menores lograron huir del lugar, pero no de las balas que les causaron lesiones en diversas partes del cuerpo y que los mantuvo en un estado de salud crítico.
Los cinco lesionados se mantienen en el hospital de Pinotepa Nacional, sin que hasta el momento las autoridades les hayan asignado elementos de seguridad para protegerlos ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física.
“La Fiscalía sólo levantó los cuerpos y se retiró”, aseguró el edil de la comunidad quien además solicitó la presencia de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, éstos últimos han sido llamados después de la “barbarie”.
El edil descartó que el ataque se debe a un conflicto agrario, pero reconoció que la zona se ha convertido en un peligro ante los constantes asaltos que se registran “presencia del crimen organizado no existe”.
El triple asesinato, se suma a los 395 feminicidios que se han registrado en lo que va de este sexenio.
Congresistas del estado, no sólo guardaron un minuto de silencio por este hecho sino que además exigieron a la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán trabajar para frenar la ola de homicidios contra el sector.
Carina García
