Aunque ha sido poco comprendido, el mayor aliciente para la apertura a la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales, es que éstos ejerzan su cargo con mayor diligencia y eficacia que cuando no podían reelegirse de manera consecutiva. A pesar de esa intención, en realidad hay pocos indicios aún de cuán efectivo fue esa invitación a una mayor eficacia y honestidad, en un contexto en el que el país entero está inundado por la corrupción, y en el que en realidad tampoco existen antecedentes de una evaluación ciudadana a la gestión, traducida en votos.
En efecto, la última reforma político electoral nacional, estableció como uno de sus principales temas la posibilidad de que los legisladores y los alcaldes pudieran reelegirse de forma inmediata. Esto generó un falso debate respecto a si esa modificación constitucional en realidad era el preámbulo para una reforma posterior en la que se estableciera la reelección consecutiva de gobernadores y Presidente de la República, cuando lo importante era que dicha modificación fuera vista y entendida como una conminación a la eficacia en las tareas de gobierno y legislativas, ya que esta sería la mejor puerta para una reelección inmediata.
Dicha intención en realidad ha permeado muy poco, a partir de que en México no tenemos una cultura política sólida respecto a la reelección; porque más bien estamos acostumbrados a tratar ese tema como un fantasma sombrío para el sistema político, y no como una de las muchas herramientas de las que se puede allegar la democracia para fomentar ejercicios de gestión pública más eficaces y menos demagogos; e incluso, esta idea ha sido poco difundida porque en realidad la mayoría de los partidos y candidatos quisieran seguir teniendo los amplios márgenes de libertad y de evasión a la evaluación, gracias a la prohibición de la reelección inmediata.
Por si todo esto fuera poco, la democracia representativa en general, se ve permanentemente asediada por las diversas prácticas de corrupción que rondan alrededor de los procesos electorales, y del ejercicio del sufragio. Existe una larguísima —y oprobiosa—tradición en México de que toda votación está siempre sometida a la posibilidad de que se realicen prácticas de compra o cooptación del voto. Incluso en los procesos electorales más vistos y vigilados ocurren este tipo de prácticas. Y en ese contexto de amaños y torceduras electorales, resulta una doble tentación viciar el resultado de una votación cuando existe el aliciente —en este caso convertido en un incentivo perverso— de la reelección consecutiva para algunos cargos.
Por eso, en dicho contexto, el establecimiento de la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores debiera haber sido un acicate para el fortalecimiento de los procesos electorales y la cultura democrática, y no para la perpetuación de los vicios particularmente conocidos entre las autoridades municipales, que son de las más cuestionadas y corruptas que existen en el país. En el caso de los legisladores, éstos han mantenido una fama sostenida como improductivos y costosos. Cambiar eso pasa por el fortalecimiento de la cultura del sufragio, y sobre todo por el “temor” a la evaluación inmediata que los propios ciudadanos pueden hacer sobre su gestión.
¿TRIUNFO DE LOS BRIBONES?
La prohibición de la reelección consecutiva de legisladores, fue parte de un círculo vicioso cuidadosamente calculado por el régimen priista desde los tiempos de su conformación. Pues si revisamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal y como fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, podremos darnos cuenta que ahí no venía contenido el principio de la irrelegibilidad relativa que hasta hace unas semanas pesó sobre los legisladores federales y locales.
Más bien, ese principio de la irregilibilidad relativa de los legisladores fue establecido hasta 1933, ya en los tiempos del priismo hegemónico. Las razones del establecimiento de dicho principio para los diputados y senadores las daba, en un artículo publicado en El Universal en diciembre de 2009, el ahora presidente del INE, Lorenzo Córdova. El también académico de la UNAM apuntaba: “Esa prohibición (…) en vez de tener una justificación democrática, buscó entonces fortalecer el poder de la omnímoda figura presidencial, incrementando las capacidades de decisión y de control que le daba el ser el ‘jefe nato’ del partido oficial y por ello la prerrogativa de ‘palomear’ a los candidatos a cargos electivos postulados por el mismo. En efecto, la imposibilidad de reelección sucesiva, además de inducir un forzado recambio en la élites gobernantes, permitía al presidente controlar el destino de prácticamente todos los políticos que, lejos de deberle el encargo a sus electores, se debían a la generosa y magnánima voluntad presidencial (detrás de la que se escondía un férreo control político).”
Hoy dicho principio está relativamente derogado. Sin embargo, ante la apertura de la reelección legislativa tenemos que ver si ese no es en realidad el triunfo de los bribones. Sí, de todos aquellos que le apuestan a la ingeniería electoral y a la debilidad institucional que permite que una elección se decida a través de maquinaciones que generan votaciones artificiales. Si a nivel federal la conversión del IFE en INE tiene como uno de sus objetivos de fondo que dé a la ciudadanía la certeza de la erradicación de dichas prácticas, eso se multiplica en los escenarios locales.
Aquí en Oaxaca, como en todo el país, el reto fundamental radicará en no permitir que los bribones sean los que se sirvan de la reelección consecutiva, sino que verdaderamente sean los hombres y mujeres que demuestren trabajo y voluntad en el Poder Legislativo. Para eso, un reto previo es que todos incrementen su productividad, pues aunque no lo creamos hay diputados que sólo han presentado una o dos iniciativas por la buena colaboración de su fracción parlamentaria, e incluso hay casos de diputados que no han subido a la tribuna ni siquiera para un posicionamiento.
QUE LOS DERROTE LA EVALUACIÓN
Por esa razón, si algo debiera derrotar a los malos legisladores y a los alcaldes ineficientes y corruptos, en este nuevo contexto, esto tendría que ser la propia evaluación de los ciudadanos manifestada en las urnas. Es un tema de la mayor trascendencia para hacer que esta importante reforma valga y no sea, como hemos apuntado, el triunfo de los bribones que se aprovechan de la manipulación del voto para hacer de la reelección, un coto oprobioso de poder en contra de la democracia.
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