El fin de año se acerca y con ello el pago de los aguinaldos, prestación a la que tienen derecho los trabajadores formales en este país, justo reconocimiento a todos aquellos que día a día hacen su mejor esfuerzo para desempeñar eficientemente sus tareas. Al respecto, en Oaxaca acaba de anunciarse el gasto que el gobierno estatal realizará en los aguinaldos de los profesores y administrativos del sistema educativo básico, como seguramente anticipa, el gasto será excesivo, ya que su desempeño está bastante lejos del óptimo. Los miembros del magisterio perciben grandes salarios y prestaciones, cuando todos sabemos que sus resultados son francamente decepcionantes.
No existe forma de pagarles menos o en función de su productividad y contribución al desarrollo, sus constantes movilizaciones impiden que este sea el mecanismo de asignación de ingresos y prestaciones. Sus más de treinta años de huelgas y plantones han servido para deteriorar el nivel educativo y elevar significativamente sus rentas. Resultado de su lucha por los niños oaxaqueños [sic], este año el IEEPO desembolsará la cantidad de 3 mil millones de pesos, en poco más de 70 mil trabajadores, por concepto de 40 días de aguinaldo y ¡aunque usted no lo crea!, un bono de productividad de 50 días.
El sistema educativo público en Oaxaca resulta realmente irritante, la productividad no se entiende como el número de niños bien educados y los resultados en pruebas internacionales, el incremento del civismo, las buenas costumbres, el fortalecimiento del hábito de la lectura, el sano desarrollo del cuerpo o el dominio y cariño por las matemáticas, nada de eso se considera. De hecho, sus miembros rechazaron abiertamente la Alianza por la Calidad Educativa, y en general se muestran renuentes a cualquier forma de medición y rendición de cuentas.
Lo que las autoridades parecen tomar en cuenta es el número de profesores afiliados al sindicato, el número de estudiantes en las normales, el número de marchas llevadas a cabo, el número de actividades económicas formales destruidas, el número de veces que se impide el libre tránsito, la velocidad a la que se instala una tienda de campaña en el zócalo capitalino, la rapidez con la que se tome un autobús de pasajeros y por supuesto la capacidad para chantajear a las autoridades.
Esto en cualquier región desarrollada sería severamente castigado, pero en Oaxaca vivimos una realidad alternativa (una especie de dimensión desconocida), donde la eficiencia se castiga y la ineficiencia se premia, eso son los incentivos vigentes. Las autoridades no hacen nada por cambiar este esquema, porque se benefician de la situación y los sindicalizados tampoco porque también obtienen jugosas rentas. Si multiplicamos 70 mil por 5, que es el número promedio de habitantes en un hogar –según el último censo–, se tiene que poco más de 350 mil personas se benefician de manera directa de elevados salarios y prestaciones a los miembros del magisterio; es decir, cerca del 10% del total de población. Los beneficiados se multiplican al considerar el gasto que realizan los trabajadores del magisterio y sus familias en la economía local. Estimo que los beneficiados directos e indirectos se encuentran en un intervalo que va del 18 al 20% del total de la población oaxaqueña.
Cuando menciono que los profesores tienen salarios elevados, debo matizar, ya que el IEEPO gasta en promedio entre 7 mil 500 y 8 mil pesos mensuales en cada trabajador, cifra que aunque no es realmente grande en términos absolutos, si lo es sí se considera la productividad de los docentes y trabajadores administrativos. La mayor parte del presupuesto del Instituto se destina al pago de salarios (90%), muy poco es destinado a inversión y mejora de las condiciones en las que se ofrece el servicio educativo. El sistema ha sido creado para satisfacer al empleado y no al cliente, ésta es su principal contradicción.
La organización civil “Mexicanos primero”, acaba de publicar su más reciente reporte sobre el estado de la educación pública en el país (2011), en él se informa que Oaxaca es una entidad en constante crisis educativa. Se afirma que las autoridades no han podido llevar a cabo la prueba ENLACE, un instrumento vital para conocer la eficiencia y eficacia con la que trabaja el sistema educativo público. No obstante, con la información disponible en este organismo, se sabe que Oaxaca ocupa la posición 31 en cuanto el Índice de Incumplimiento de la Norma de Escolarización Básica. En cuanto al rezago en educación primaria ocupa la posición 32 y en cuanto a rezago en secundaria la 31.
Para ser congruentes, las autoridades deberían de negociar abiertamente, de cara al 80% de la población que no se beneficia de los salarios y prestaciones a los miembros del magisterio, un nuevo pacto para repartir rentas en función de mejoras en los índices de desempeño educativo (aplica también para burócratas y políticos). No es aceptable que de 63 mil millones de pesos que la federación asigna al gobierno del estado, 12 mil millones vayan a parar a manos de un grupo que no se rige por criterios de eficiencia y productividad.
La educación tiene que ser la prioridad en el estado, una educación de calidad. Los trabajadores deben ser retribuidos si y sólo si cumplen satisfactoriamente con sus funciones, lo que se sabe por medio de evaluaciones periódicas a los administrativos, docentes y alumnos. Trabajemos por una economía oaxaqueña basada en el mérito y en el esfuerzo. Por un Oaxaca pacífico, democrático y competitivo.
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* Profesor en economía de la UACJ, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
