El Ejército reconoció que entre sus filas hay 239 militares en activo que están contagiados con VIH/sida, pero a ninguno de ellos se les ha dado de baja por sufrir este padecimiento.
Hace cinco años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Sedena no podía dar baja a su personal infectado, ya que su enfermedad no puede considerarse una causa de inutilidad.
En respuesta a una petición de información, la dependencia aseguró que ninguno de sus elementos fue dado de baja del servicio activo por este mal.
El mayor número de contagios, informó la institución castrense, se registró en los últimos seis años, con 194, incluidos militares que ostentan el grado de cabo y soldado.
De acuerdo con la respuesta 0000700167012, de los 239 enfermos, uno es coronel, otro teniente y cinco tienen grado de mayor.
También reciben tratamiento médico por este mal cinco capitanes primero y cuatro capitanes segundo, tenientes (17), subtenientes (19), sargento primero (19), sargento segundo (48), cabo (66) y soldados (54).
Es de mencionar que la Sedena realiza campañas de prevención entre su personal para evitar este tipo de contagios por relaciones sexuales. Además, regaló un millón 653 mil 678 condones al personal que rotó en los estados donde se implementa la estrategia de seguridad nacional.
Hasta 2010 pasaron a situación de retiro 106 militares, debido al avance de su enfermedad, misma que ya no les permitía desempeñar sus funciones de manera adecuada. En febrero de 2007 el máximo tribunal de justicia del país resolvió por mayoría de votos que los elementos castrenses enfermos deben gozar de las prestaciones que brinda la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
Con ocho votos contra tres, el pleno de la Corte concedió el amparo a cinco militares, entre ellos a uno que ya había muerto, fallo que obligó a la Sedena y a la Secretaría de Marina, a reincorporar en sus cargos a los quejosos. Mientras que a la familia del “caído”, durante el juicio, se ordenó que recibiera una pensión económica.
El entonces ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dejó claro que la declaración de inconstitucionalidad no vincula y mucho menos obliga de ninguna manera al Ejército a tener en sus filas a militares, “por usar la expresión castrense”, que hayan adquirido inutilidad por actos dentro o fuera del servicio.
Agencias
