La diputada Martha Alicia Escamilla reconoció la decisión del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIP), por determinar que el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca debe entregar la información relativa a la obra del estacionamiento del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Esta decisión, dijo, no sólo refleja la demanda de transparencia de la ciudadanía sino que además significa un paso importante en la necesidad de conocer los detalles de esa cuestionada obra.
Entrevistada al respecto, Martha Alicia Escamilla recordó que desde hace más de un año y medio, ella llevó a la tribuna del Congreso del Estado, primero la inquietud de la ciudadanía por conocer los detalles y costos de dicha obra, la cual luego se convirtió en inconformidad y rechazo que durante meses fueron ignorados totalmente por el Gobierno del Estado.
En ese sentido, la Legisladora local dijo que una de las demandas de la ciudadanía radicó siempre en que el Gobierno del Estado debía actuar congruentemente informando a la ciudadanía sobre el uso y destino de los recursos que tenía destinados para la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, lo cual lamentablemente no ocurrió incluso frente al hecho de que el gobierno estatal decidió modificar el proyecto y cambiarlo de sede.
En este caso, dijo, el Instituto de Acceso a la Información actuó conforme a los principios de inmediatez y máxima publicidad, al ordenar a FIDELO la entrega de toda la documentación relativa al estacionamiento que se construye en los alrededores del Cerro del Fortín, ya que contrario al criterio utilizado por la dependencia para clasificar dicha información como reservada, ésta debe ser pública al tratarse de la licitación realizada y seguimiento de la obra, misma que es pública.
Por esa razón, Martha Alicia Escamilla celebró este tipo de decisiones que honran la transparencia y el derecho a saber de las personas, y que contribuyen de manera importante a la formación de un verdadero Estado democrático en el que son las leyes las que rigen y corrigen la actuación de los servidores públicos.
