Recomienda líder de UCIZONI retomar el megaproyecto eólico

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Tras rechazar que la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Oriente del Istmo (UCIZONI), sea una organización anti-eólica, su dirigente Carlos Beas Torres aseguró que el gobierno del estado y el Congreso local deben retomar el mega-proyecto eólico del Istmo y reorientarlo a una política pública de respeto a los derechos de las comunidades indígenas.

 

Entrevistado al término de una reunión en palacio de gobierno, el dirigente de la UCIZONI sostuvo que el virtual triunfo de las organizaciones sociales por la cancelación de la empresa Mareña Renovable, debe ser tomado con reservas porque hasta el momento no se ha oficializado.

Más adelante negó que el proyecto de la Barra Santa Teresa vaya a ser desmantelado, porque aún no hay nada oficial sobre su cambio de lugar, aunque reconoció que en estos momentos hay un impase entre la empresa eólica y los habitantes de las comunidades opositoras.

Dijo que la falta de políticas públicas de información y de conocimiento de los pueblos mareños, no ha permitido los instrumentos legales que obliguen al gobierno federal a realizar un ejercicio de concertación y de información.

Aseveró que todo esto ha generado una diversidad de conflictos crecientes generado por los vicios utilizados para “convencer” a las comunidades a entregar sus parcelas y obtener de manera simulada la aprobación de esos proyectos, cayendo así en un despojo legalizado.

Al señalar que el gobierno del estado y el Congreso local, deben retomar el tema del megaproyecto del Istmo, es porque las empresas que ya están operando en catorce parques eolicos, no hacen ni siquiera el pago predial en el Istmo, la producción eléctrica que generan solo es para abastecer a empresas trasnacionales.

Asimismo denunció que éstas empresas no aportan ningún beneficio directo a las comunidades por el uso de sus terrenos y solo generan menos de un centenar de empleos, por ello urgió al gobierno estatal y federal a reorientar el proyecto, porque hasta la fecha no hay políticas pública de respeto a los derechos de las comunidades, concluyó.

Agenciajm.com.mx