La larga carta firmada por Ismael el Mayo Zambada para exigirle a México la aplicación del derecho nacional a Estados Unidos y regresarlo porque fue víctima de un secuestro y no de un tratado de extradición tiene como destinatario principal al expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en la figura institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El razonamiento jurídico del abogado Juan Pablo Penilla González es impecable en diferenciar extradición con secuestro, con la circunstancia agravante de que el Mayo en la actualidad carece de solidez jurídica para evitar la pena de muerte, toda vez que los tratados de extradición son muy claros en señalar que los acusadores solamente pueden juzgar al acusado por delitos que existan en ambas naciones. Para salvar el cadalso, el Mayo necesita que se retraiga su proceso para cumplir con las reglas de la extradición.
El secuestro del Mayo el pasado 25 de julio ocurrió en las presidencias de Joseph Biden y Andrés Manuel López Obrador. El operativo fue producto de un plan puesto en operación por el Chapo Guzmán para que uno de sus hijos secuestrara al Mayo, lo llevará a territorio americano y lo entregara a los fiscales de EU, a cambio presuntamente de un mejor trato o una disminución de su pena perpetua o para liberar a alguno de sus hijos también detenidos en juzgados estadounidenses.
Las autoridades mexicanas estaban en la Luna, pero la reacción oficial del Gobierno de López Obrador fue deslindarse del conflicto diplomático del secuestro de un nacional mexicano que tenía órdenes de aprehensión nunca ejercidas y que estaba en la lista de los más buscados de la justicia de EU. Ya con Sheinbaum como virtual presidenta electa, López Obrador congeló cualquier reclamo diplomático ante un caso de secuestro de un nacional en territorio mexicano para ser depositado en territorio estadounidense, violando las reglas diplomáticas y judiciales fronterizas.
El presidente López Obrador eludió cualquier juicio de valor contra el Mayo, blindó a su grupo político de Sinaloa encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya que había llegado al cargo con el aval personal del Mayo y solo se concretó a pedir a las autoridades judiciales, diplomáticas y de Gobierno de EU un “informe completo” del suceso, cuando todos los elementos estaban a la vista pública: el Mayo efectivamente fue secuestrado en Culiacán por el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, atado y entregado a las autoridades de El Paso, Texas.
Casi siete meses después, un abogado mexicano que participó en actividades de la 4T y en mítines de López Obrador redactó un verdadero tratado sobre el caso del Mayo Zambada y lo fundamento en el secuestro de Humberto Alvarez Machain por parte de una unidad de la DEA para llevarlo a juicio en Estados Unidos bajo el cargo de haber participado en las tortura y asesinato de la gente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985. Luego de un largo juicio, el médico fue liberado a finales de 1992 no por no haber participado en el caso Camarena, sino porque su juicio fue producto del árbol envenenado del secuestro.
La fundamentación jurídica del caso Zambada que entregó de manera formal a las autoridades mexicanas el abogado Penilla González obliga a que México aplique el derecho internacional para que el jefe del Cártel de Sinaloa sea regresado a México, encarcelado por órdenes de aprehensión vigentes esperar la solicitud de extradición por el Gobierno de EU.
Sin embargo, una versión no oficial publicada en El Universal señala que México no solicitará el regreso del Mayo Zambada, a pesar de la violación del derecho internacional en que incurrió el gobierno americano. De ser así, entonces la Fiscalía americana sí solicitará la pena de muerte para el Mayo Zambada, de 77 años. El riesgo o amenaza latente es que el capo sinaloense negocie –que es, al final de cuentas, la intención estadounidense– mejores condiciones a cambio de información no sobre el funcionamiento del Cártel de Sinaloa en la producción y contrabando de fentanilo, sino en su existencia como producto de decisiones políticas de alto nivel en el gobierno mexicano.
Aunque no se tienen datos concretos, hay indicios que señalan que el Chapo Guzmán fue muy hábil en negociar con las autoridades estadounidenses y prefirió entregarles al Mayo Zambada que revelar los apoyos políticos que recibió durante su reinado del crimen en Sinaloa y otras entidades. Como capo mayor, el Mayo ya no tiene forma de entregar a familiares del Chapo y solo le quedan los datos de sus apoyos políticos recibidos durante el Gobierno de López Obrador.
Así que el balón está en la cancha de López Obrador.
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Política para dummies: la política está llena de sacrificados.
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