Carlos Navarrete afirmó que al ser nombrado dirigente nacional del PRD, recibió “un cartucho de dinamita” por el caso del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien se le responsabiliza de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Advirtió, por otra parte, que el debilitamiento de la izquierda democrática puede abrir las puertas a movimientos radicales que optan por la violencia y acciones armadas, como supuestas soluciones a los conflictos del país.
En entrevista con Néstor Ojeda en MILENIO Televisión, dijo que México enfrenta el riesgo de perder 25 o 30 años de transición democrática que han transcurrido para que corrientes populares lograran acceder al poder por el cauce electoral.
“No hay que propiciar climas de resurgimiento de la violencia (como los hechos que han ocurrido en Guerrero y el Distrito Federal en el que hay grupos que incendian lo que pueden). “Cuando la violencia estalla se sabe cómo empieza, pero no cómo termina”.
Navarrete demandó a los ocho alcaldes perredistas de Guerrero, señalados de presuntos vínculos con el crimen organizado, presentarse de inmediato ante la PGR y aportar toda la información que se les requiera.
Al dar a conocer el protocolo para fortalecer la cultura de legalidad y ética política, que contempla la petición al INE para que administre sus recursos durante las campañas de 2015, se desmarcó una vez más de la postulación de José Luis Abarca como alcalde de Iguala y dijo que, en lugar del nombramiento, recibió “un cartucho de dinamita”.
Milenio
Evitó responsabilizar a su antecesor, Jesús Zambrano, de lo ocurrido con Abarca y, por el contrario, exigió al gobierno federal responder por qué si tuvo información de lo que ocurría en Guerrero, no hizo nada hasta la muerte de seis personas y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Es momento de preguntarle al gobierno de la República: ¿por qué no hizo nada?, ¿por qué no actuó? Creo que son un poco lentos, una investigación de dos, tres años, y apenas están viendo qué elementos hay. Algo tienen que decir la PGR y el gobierno de la República”.
Igualmente, demandó al PRI, al PAN y a los demás partidos pronunciarse al respecto, pues alcaldes de sus filas han sido señalados de presuntos nexos ilícitos.
“Yo no sé si el PAN y el PRI lo reconozcan, están muy calladitos, están muy escondiditos atrás de la barda para que no les pegue ni el aire, pero hay que decirlo con claridad, la delincuencia ha atrapado gobiernos de todos los signos políticos”.
Respecto al protocolo que ya entró en vigor, el líder del PRD informó que será obligatorio para todas las “personas políticamente expuestas”, que va desde dirigentes y legisladores, hasta aspirantes y funcionarios públicos.
Dicho código establece que en caso de señalamientos de algún ilícito contra algún perredista como el caso de los ochos alcaldes de Guerrero, de no presentarse ante las instancias ministeriales correspondientes, se iniciará un proceso precautorio de suspensión de derechos. Igualmente, de haber un proceso penal en curso, será causa de suspensión de derechos, en tanto se resuelve su situación jurídica.
Se harán públicas las declaraciones patrimoniales y dará vista, tanto al INE, como a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Además, se creará una página nacional de transparencia que tendrá como objetivo recibir opiniones ciudadanas sobre la actuación de todos los precandidatos y candidatos, “con el fin de verificar su reputación social y política”. Los datos serán utilizados para determinar la eventual postulación, previa garantía de legalidad y audiencia.
Respecto a la petición al INE para que administre los recursos públicos que se reciban para las campañas de 2015, Navarrete explicó que esa medida busca dejar claro el uso del dinero que recibe el PRD para financiamiento durante el proceso electoral.
Agencias