El Congreso guatemalteco resolvió no retirarle la inmunidad al Presidente, el General Otto Pérez Molina, luego de una denuncia en su contra por supuestos actos de corrupción.
Los diputados opositores no pudieron alcanzar el mínimo de 105 votos para retirarle la inmunidad y sólo consiguieron 88 sufragios.
Entre los votos a favor del Presidente estuvieron los del pleno de la bancada del oficialista Partido Patriota y los de por lo menos dos diputados del partido Visión con Valores que lleva como candidata a la presidencia a la hija del ex dictador Efraín Ríos Montt.
Luis Rabbé presidente del Congreso y diputado del partido Libertad Democrática Renovada, también votó a favor de que se archivara el caso.
El Presidente fue denunciado por el diputado opositor Amilcar Pop por su presunta implicación en una defraudación aduanera por varios millones de dólares.
El legislador opositor Leonel Lira manifestó su molestia por la forma en que se dio la votación.
“Parece que este país nunca va a salir adelante. Aquí se dio una negociación a compadre hablado”, dijo Lira al referirse a que quienes votaron a favor de que el Presidente conserve la inmunidad son algunos diputados opositores que tienen vínculos con militares ligados a actos de corrupción.
Varios funcionarios de alto y bajo nivel del Gobierno de Pérez Molina se han visto involucrados en denuncias de corrupción.
Una de las más importantes hasta ahora es la relacionada con la defraudación aduanera.
Según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, una estructura de funcionarios públicos y particulares recibió sobornos de empresarios para que los ayudaran a evadir impuestos.
Entre las evidencias se presentaron al menos 66 mil escuchas telefónicas en las que varios de los acusados nombran a “el Presidente” aludiendo que estaba al tanto de la defraudación. Pérez Molina ha dicho que es inocente de los señalamientos.
La Corte Suprema de Justicia determinó que había causa suficiente para iniciar el trámite para que el Congreso retirara la inmunidad al Mandatario y el Legislativo formó una comisión que determinó que había indicios para hacerlo.
Por el caso hay al menos 30 personas procesadas y detenidas.
La estructura, según la Comisión -un ente de Naciones Unidas que investiga los cuerpos de seguridad paralelos en el Estado guatemalteco- determinó que Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidente Roxana Baldetti, era el líder de la estructura. En medio del escándalo Baldetti tuvo que renunciar al cargo.
El diputado Lira dijo que el expediente será archivado en la Dirección Legislativa: “por si alguien quiere de nuevo intentar revivirlo. Sin embargo, ya se sabe cómo están coludidas las fuerzas políticas en el Congreso”.
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