Femmva considera que la propuesta legitima la explotación de mujeres para beneficio de un tercero.
El colectivo Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (Femmva) aseveró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver un amparo en revisión, “legitima la explotación de mujeres en forma de gestación subrogada”.
En el conversatorio “Derechos humanos y vientres de alquiler: un debate en proceso”, Laura Lecuona, integrante de Femmva, puntualizó que la resolución del ministro José Ramón Cossío significa un grave retroceso en los derechos humanos de las mujeres al legitimar la mercantilización de sus cuerpos.
“En nuestro país, es una realidad que las mujeres que acceden a gestar y parir para terceras personas son mujeres en situaciones vulnerables, (…) ahora explotadas por una industria que genera ganancias millonarias de las que ellas sólo reciben entre el 0.9 y el 10 por ciento del pago total”
Lecuona señaló que no existe una legislación y que la resolución de la SCJN pese a manifestar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres que rentan sus cuerpos, “legitima prácticas no reguladas que no son de su competencia y convalida la cosificación y explotación de las mujeres” en beneficio de una industria en expansión.
Femmva indicó que en la legislación mexicana el cuerpo humano no es un objeto comerciable, pero que en la maternidad subrogada se rentan los cuerpos de las mujeres para la producción de un bebé que termina siendo objeto de un intercambio comercial.
Lecuona calificó como error la creencia de que el derecho a formar una familia conlleve la renta de una mujer, “para garantizar ese derecho, mucho mejor camino sería perfeccionar las leyes de adopción”.
La activista indicó que el ministro Cossío erró al considerar la gestación subrogada como una técnica de reproducción asistida: “las mujeres no somos fábricas y el embarazo no es una técnica” subrayó, puesto que se normaliza el empleo de mujeres como medio para la satisfacción de deseos de terceros sin considerar su dignidad humana.
Lecuona acotó que la resolución no asegura el bienestar ni protección de los niños, sólo el enriquecimiento de los intermediarios sobre todo al introducir el concepto de infertilidad relacional como un problema de salud y por ende a los infértiles como personas que necesitan atención médica.
Fuente: sdpnoticias.com
