Una decisión del máximo tribunal de Brasil le dio más tiempo a la Presidenta Dilma Rousseff para reunir los votos que necesita y así evitar que sus opositores inicien un juicio político en su contra.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil desechó la maniobra reglamentaria promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para facilitar el proceso de juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff.
El Ministro Teori Zavascki respondió así al recurso presentado por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que solicitó detener cualquier procedimiento de juicio político, como el planteado por el diputado Cunha con base en el reglamento interno del Legislativo.
De acuerdo con la legislación brasileña, la Cámara de Diputados tiene la atribución de decidir si acepta o no una solicitud en este sentido, como lo plantean los opositores Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) y Demócratas (Dem).
Cunha, un ex aliado de Rousseff que se pasó a la Oposición, dijo que seguiría revisando las solicitudes para un juicio político pese a la orden judicial.
“La decisión sobre las peticiones de un juicio político es una atribución constitucional que tengo y no está siendo cuestionada. Sigo teniendo esa prerrogativa y la usaré”, dijo a periodistas.
La decisión del STF reduce las posibilidades de realizar este proceso contra la Mandataria Rousseff, ya que el trámite precisa el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, los votos de 342 de 513 legisladores.
Se espera que la decisión del órgano de justicia suspenda el trámite en los próximos períodos de sesiones.
La apertura de un eventual juicio político contra la Presidenta brasileña la obliga por ley a apartarse de su cargo por al menos seis meses, lo que puede agravar la inestabilidad política en Brasil y, por tanto, la posibilidad de una recuperación de la economía en recesión.
Los argumentos de la Oposición se vieron reforzados el pasado 7 de octubre, cuando el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) rechazó por supuestas irregularidades las cuentas del Gobierno del ejercicio fiscal 2014.
Rousseff, a su vez, convocó la semana pasada a varias reuniones extraordinarias con sus Ministros cercanos para trazar una estrategia ante la posibilidad de que el proceso de juicio político avance.
Expresó el pasado 8 de octubre en la primera reunión de su nuevo gabinete tras la reforma ministerial, que está en curso en el país “un golpe democrático a la paraguaya”, según la declaración de interlocutores.
La Jefa de Estado aludió a la caída del ex Presidente Fernando Lugo (2008-2012), destituido por el Congreso de Paraguay tras un juicio político que se consumó en apenas 48 horas.
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