Por considerar que el Informe de resultados de la Cuenta Pública del Estado, del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2010, correspondientes a los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo, no cuenta con elementos suficientes, la LXI Legislatura del Estado no la aprobó e instruyó al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano Toledo, para que realice las acciones conducentes.
Con 26 votos a favor, durante la sesión ordinaria efectuada la tarde- noche de este miércoles, los diputados Francisco Martínez Neri y Tomás Basaldú Gutiérrez, del PRD; Juan Mendoza Reyes y Guadalupe Isaac Rodríguez, del PAN; Flavio Sosa Villavicencio, del PT, y Margarita García García, del MC, consideraron insuficiente el Informe de Resultados e Información Relacionada, derivado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente a ese periodo que rindió la ASE, entonces dirigida por la auditora Rosa Lizbeth Caña Cadeza.
Por su parte, los legisladores José Antonio Hernández Fraguas, Francisco López García y Elías Cortez López, del PRI, señalaron que ya se trabajaba en un dictamen, y coincidieron en la necesidad de garantizar al pueblo de Oaxaca la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Así, la Comisión Dictaminadora consideró insuficientes los plazos y términos establecidos en el procedimiento que señala la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, por lo que ordena al titular de la ASE de seguimiento a los procedimientos que establece la ley.
En sus considerandos, el dictamen señala que la Comisión Permanente de Vigilancia de la ASE tiene facultades para emitir ese documento, con base en el Artículo segundo transitorio del decreto 2036 publicado el 26 de agosto de 2013 en el Periódico Oficial del Estado, por el cual se reforma el Artículo 59 fracción XXII de la Constitución política estatal.
En sus considerados, resalta que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca realiza actualmente acciones de fiscalización.
También ha iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa como es el caso del expediente 820/RA/2011, y señala que existen procedimientos de carácter penal que actualmente se desahogan en las instancias correspondientes.
La Cuenta Pública es el informe que los poderes del Estado y los entes públicos estatales rinden al Congreso estatal de manera consolidada a través del Poder Ejecutivo, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos estatales se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a las normas de información financiera y con base en los programas aprobados.
El documento señala que de acuerdo con el contenido del Informe de Resultados rendido por la ASE, a través del oficio número ASE/OAS/3471/2011, del 6 de junio de 2011, la orden de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Estado del periodo comprendido del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2010, inició con la notificación de la Orden de Auditoría número ASF/SAF/DACF/3413/2011 del 23 de mayo de 2011, dirigida al gobernador Cué Monteagudo.
La misma fue notificada el 25 de mayo de 2011 y en dicho oficio se le comunicó al Gobernador del Estado que como parte de la revisión y fiscalización a la Cuenta pública del periodo noviembre-diciembre 2010, se realizarían dos auditorías específicas: una a la Secretaría de Finanzas, en su carácter de dependencia normativa y ejecutora del gasto, y otra al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), en su carácter de dependencia ejecutora del gasto.
El dictamen añade que el 23 de mayo de 2011 se emitieron las órdenes de auditoría números ASE/SAF/DACF/3415/2011 y ASE/SAF/DACF/3418/2011, dirigidas al secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, y a la magistrada Xóchitl Raquel Pérez Cruz, mismas que fueron notificadas el 26 y 27 de mayo de 2011, respectivamente.
Sin ebargo, la Comisión Dictaminadora señala que a pesar de lo anterior considera “insuficientes los plazos y términos establecidos en el procedimiento que señala la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca”, que establece:
El dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca apunta que no pasa desapercibido para los integrantes de la misma que en el Informe de Resultados remitido por la ASE no se da a conocer lo relativo a la verificación de obras y acciones relacionadas con los recursos asignados a obra pública, proyectos productivos y de fomento plasmados en la Cuenta Pública sujeta a revisión y fiscalización.
Por ello, fue emitido el dictamen con proyecto de decreto por el que no se aprueba la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2010, y pide a la ASE continuar con las acciones conducentes, que pueden ir desde una nueva revisión hasta acciones de tipo penal.
