Alrededor de una veintena de personas defraudas por la empresa Servioax se plantaron en las afueras del Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades alto a la impunidad y castigo a los responsables de que familias oaxaqueñas pertenecientes a las regiones de Valles Centrales y la Mixteca principalmente, se haya quedado sin el recurso económico que correspondía a su patrimonio.
Juan Sosa Maldonado, representante de las y los defraudados, manifestó que dicha empresa se dedicó a recibir depósitos de ahorros de las personas y al final no pudo responder por dicho recurso, a pesar de los interese que mencionaban que pagarían que sólo sirvió para enganchar a quienes hoy se encuentran afectadas y afectados por la situación.
Indicó que ya han presentado sus respectivas demandas ante la Procuraduría estatal, la cual se ha visto rebasada ante la situación no sólo de esta empresa, sino de muchas otras del mismo rubro que se fueron con las manos llenas, dejando a un importante número de la población oaxaqueña en el desamparo.
“La Procuraduría se ha visto rebasada por este conflicto y otros más que están enfrentando y no han podido resolver de manera oportuna esa demanda de justicia de las personas que fueron defraudadas por la empresa Servioax”
Responsabilizaron a Emilio Cortés Castro, accionista mayoritario de la empresa del fraude cometido por la empresa, quien a pesar de haber sido detenido en respuesta a una demanda en su contra, hizo el pago de una fianza y ahora goza de completa libertad, sin responder por los miles de pesos que presuntamente se adjudicó de otras personas.
Sosa Maldonado expresó que es responsabilidad del Estado, responder por las múltiples denuncias de fraude cometido por empresas similares, generando mecanismos que le den celeridad a los procesos judiciales en contra de quienes resulten responsables de fraude en perjuicio de familias humildes que confiaron en ellos para depositar sus ahorros.
Por último explicó que los asuntos de la gente pobre no pueden seguir siendo problemas de segunda, y que estén supeditados a las prioridades del gobierno, “no es posible que a los empresarios ya se le haya apoyado después de el revés que sufrieron en sus ventas debido a los conflictos sociales, y a la gente pobre defraudad no se le haga justicia” concluyó Sosa Maldonado.
Agencia JM
