* El agravamiento del proceso de contaminación por la cada vez más escandalosa corrupción y descomposición de las instituciones nacionales ha conducido al Estado fallido, al no garantizar seguridad a sus gobernados.
* El General Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, debe exigir que la FGR atraiga la investigación del enfrentamiento de sus elementos con la AEI, para saber la verdad y evitar venganzas.
Al correr de los días y los años, después del gobierno de mano firme del presidente Gustavo Díaz Ordaz y de la represión innecesaria de Luis Echeverría, el Estado mexicano se dobló y doblegó.
A partir del régimen de Echeverría, títere de la CIA, los sucesivos gobiernos federales y, consecuentemente, los de las entidades federativas, abdicaron de sus obligaciones constitucionales.
Si algo ha dinamitado la solidez del ejercicio del principio de autoridad en México ha sido el llamado “síndrome del 68 y del 71”, que lenta e inexorablemente ha llevado a la Federación a la parálisis.
En el último medio siglo han violado la Constitución las administraciones federales y estatales de todos los partidos, PRI, socialdemócrata, de derecha como el PAN o de izquierda como Morena.
De nada ha servido que el Estado mexicano detente el monopolio del uso legítimo de la violencia en la ejecución de su orden, en virtud que el Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia.
El agravamiento del proceso de contaminación por la cada vez más escandalosa corrupción y descomposición de las instituciones nacionales ha conducido al callejón sin salida del Estado fallido.
Durante la década de los 80, se empezó a advertir del grave peligro real de “colombianización” por el narcotráfico hasta llegar a hundirnos en dos décadas en el infierno tan temido de un narco-estado.
En 1984, los Obispos de la región Pacífico Sur de la Iglesia Católica alertaron del riesgo a pueblo y gobierno mexicanos en su carta pastoral “Narcotráfico: preocupación de los obispos del Sur”.
Encabezados por Samuel Ruiz García, Obispo de San Cristóbal de las Casas, firmaron los jerarcas de Oaxaca, Tapachula, Tehuantepec, Puerto Escondido, Tuxtepec, Prelatura de Huautla y de los Mixes.
Si alguna duda había de las complicidades de los gobiernos de Morena con los capos de los diversos cárteles, el pasado proceso electoral evidenció que estos impusieron y financiaron a candidatos.
Estos hechos son piedra de escándalo a la luz de las denuncias de manera insistente y documentada por diferentes actores, incluso, por algunos gobernadores como Silvano Aureoles de Michoacán.
Aureoles formalizó ante la Fiscalía Especializada para la Atención en Delincuencia Organizada su denuncia por presuntamente “obligar a votar por Morena” en las elecciones del pasado 6 de junio.
De confirmarse los resultados electorales, “regresará a Michoacán el narcogobierno. Los grupos delincuenciales obligaron a la gente a votar por Morena y sus candidatos”; y entregó videos y audios.
Las cosas empeoran en Oaxaca, como lo prueban tres hechos recientes: la ejecución del ex policía federal Omar Sabino Chepetla Jiménez, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
El Fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, está obligado a profundizar exhaustivamente las investigaciones, a efecto de destapar la cloaca en esa corporación.
Según trascendió, al parecer a Omar Sabino Chepetla Jiménez “lo pusieron”, como se llama a la traición en la jerga policíaca, toda vez que viajaba solo en su camioneta y su escolta le dejó solo.
Al rosario de delitos que cotidianamente se cometen y acumulan en la Central de Abasto y sus alrededores, se sumó el brutal asalto violento a un joven en el periférico, atrás de Banamex.
En las redes sociales circuló la versión que el joven asaltado fue asesinado, pero la Fiscalía jura a través de sus voceros que no ocurrió así y que sólo se desmayó por la aplicación de la llave china.
La presión social, que reveló detalles sobre la identidad de los probables responsables del asalto a los que todo mundo conoce menos la policía, permitió que fuera detenido uno de los involucrados.
¿Será coincidencia el enredo que exhibió nacionalmente la pugna, a veces callada, otras pública, entre la AEI y la Guardia Nacional, días después de la ejecución del ex federal Chepetla Jiménez?
Como dijera el clásico “haiga sido como haiga sido”, lo cierto es que hay un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro más herido al igual que un agente estatal de investigaciones. ¿Y entonces?
De que se trató, porque inicialmente circuló la versión que la Guardia Nacional detuvo a un elemento de la AEI circulando a bordo de un automóvil con reporte de robo y que opuso resistencia.
Tras el enfrentamiento presuntamente elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de Oaxaca de la AEI rescataron a un joven secuestrado por agentes de la Guardia Nacional.
La Fiscalía señaló que los agentes de esa corporación pedían 200 mil y una camioneta por la libertad del joven, presuntamente secuestrado por la Guardia Nacional al viajar de Miahuatlán a Huajuapan.
Supuestamente la AEI localizó una casa de seguridad en San Pablo, Etla, en donde liberaron al joven secuestrado y detuvieron al segundo guardia nacional, al que se aseguró la patrulla número 9841.
El General Luis Rodríguez, Comandante de la Guardia Nacional, debe exigir que la FGR atraiga la investigación del choque de sus elementos con la AEI, para saber la verdad y evitar venganzas.
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